ACNUR cuestionó a Malasia por devolver a 1.476 personas a Myanmar en plena guerra civil

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó su preocupación por la decisión de Malasia de devolver a 1.476 personas a Myanmar, en medio de la guerra civil y de una grave situación humanitaria y de derechos humanos en ese país. La deportación de refugiados rohinyá comenzó el martes, según los reportes citados por el organismo. “Estamos preocupados por estas devoluciones en un momento en que las personas enviadas de vuelta a Myanmar pueden enfrentar riesgos graves, y algunas dentro del grupo pueden necesitar protección internacional”, dijo la alta comisionada auxiliar para la Protección de ACNUR, Edem Wosornu.

Las autoridades de Malasia sostuvieron que el proceso fue voluntario, pero Wosornu observó que las personas devueltas estaban detenidas en centros de detención migratoria. “Esto plantea serias dudas sobre si las decisiones de retorno fueron genuinamente libres e informadas”, afirmó, y agregó que ACNUR no tuvo acceso a esas personas para evaluarlo. El material consultado no detalla los motivos que llevaron al gobierno de Malasia a adoptar la decisión.

Los rohinyá son una minoría étnica mayoritariamente musulmana en Myanmar, un país de mayoría budista donde el ejército y distintos grupos de resistencia están enfrentados en una guerra civil. El ejército birmano, que tomó el poder en un golpe de Estado en 2021, ha atacado en forma reiterada a la comunidad rohinyá, en particular en 2017, cuando una operación militar en el estado de Rakhine, ampliamente condenada, forzó a varios cientos de miles de personas a huir hacia otros países del sudeste asiático. Hoy más de un millón de rohinyá se han asentado en Cox's Bazar, Bangladesh.

ACNUR reconoció la responsabilidad soberana de Malasia de gestionar el asilo y la migración, pero le pidió que las devoluciones queden sujetas a garantías sólidas, como evaluaciones individuales y acceso a los procedimientos de protección. Las decisiones de retorno deben ser voluntarias y evaluarse fuera de los entornos de detención, indicó el organismo, y nadie debería ser devuelto a un país donde pueda enfrentar persecución, tortura u otras amenazas graves contra su vida y su libertad. Hasta que las condiciones en Myanmar permitan retornos seguros, dignos y sostenibles, los Estados deben seguir garantizando el acceso al asilo y cumpliendo sus obligaciones internacionales de protección, agregó, y reclamó mayor apoyo regional e internacional para alcanzar una solución política y el fin de las hostilidades. En paralelo, el máximo responsable humanitario de la ONU deploró un bombardeo contra un mercado en el estado de Rakhine, también el martes, que dejó decenas de muertos y heridos.

El coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, se pronunció sobre ese ataque en un mensaje en redes sociales: “Los civiles deben ser protegidos”, escribió, y subrayó que “el derecho internacional humanitario debe ser respetado”. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó enérgicamente el bombardeo y pidió que los responsables rindan cuentas. En cuanto a las devoluciones desde Malasia, la voz del organismo fue la de Wosornu, la alta comisionada auxiliar para la Protección de ACNUR, que advirtió que su agencia no pudo acceder a los detenidos para evaluar si las decisiones de retorno eran libres.