Expertos de la ONU piden a Ecopetrol reparar a víctimas del conflicto armado tras fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia

Un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas celebró un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia que reconoce la responsabilidad de varios agentes del Estado y de un directivo de la petrolera estatal Ecopetrol en graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Barrancabermeja, la llamada capital petrolera del país. La decisión corresponde al denominado Macro-Caso 08 de la JEP y, según el comunicado difundido este miércoles por UN News, los expertos pidieron que se garanticen reparaciones a las víctimas.

El pronunciamiento de los expertos responde directamente a esa resolución judicial de la JEP, el tribunal creado dentro del sistema de justicia transicional colombiano para juzgar hechos del conflicto armado. El comunicado no detalla la fecha exacta del fallo ni los hechos puntuales que motivaron la investigación en Barrancabermeja más allá de calificarlos como violaciones graves de derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, por lo que ese nivel de detalle no está disponible en la fuente.

La JEP es uno de los componentes del sistema integral de paz de Colombia, que según recordaron los propios expertos también incluye a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese marco, los relatores reiteraron el pedido ya formulado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de que se garantice financiamiento suficiente para sostener ese sistema. Los expertos enmarcaron además sus declaraciones en los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, que establecen que las compañías tienen responsabilidad de respetar los derechos humanos y de contribuir a reparar los daños que hayan causado o en los que hayan tenido participación.

A partir del fallo, los expertos exhortaron a Ecopetrol a profundizar el diálogo con las víctimas y sus organizaciones representativas, adoptando lo que definieron como un enfoque restaurativo que permita identificar los daños sufridos, las expectativas de reparación y las medidas necesarias para restituir los derechos vulnerados. Remarcaron que las víctimas no deben ser observadoras del proceso sino participantes activas en su diseño e implementación. Los relatores también pusieron el foco en el Estado colombiano, que es accionista mayoritario de Ecopetrol: sostuvieron que, en el caso de empresas estatales, la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos converge con el deber estatal de protegerlos, y pidieron a las autoridades colombianas garantizar que la compañía participe plenamente en los esfuerzos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El grupo cerró su pronunciamiento ofreciendo acompañamiento al gobierno de Colombia y a Ecopetrol para fortalecer la rendición de cuentas corporativa en contextos de justicia transicional.

Las declaraciones citadas en el comunicado corresponden a los propios expertos independientes de Naciones Unidas, designados por el Consejo de Derechos Humanos, quienes calificaron el fallo de la JEP como "un paso significativo hacia la verdad, la justicia y la rendición de cuentas" y señalaron que "las víctimas no deben ser meras observadoras de los procesos de reparación, deben ser participantes activas en su diseño e implementación". El texto no identifica a estos expertos por nombre ni precisa sus mandatos temáticos específicos, por lo que esa información no está disponible en la fuente revisada.