Operación Trazador: más de 260 quilos de droga y la advertencia de Brecha sobre las fronteras entre el narco y la política

Según informa Semanario Brecha, la operación Trazador dejó más de 260 quilos de cocaína y pasta base incautados, además de armas, municiones, vehículos, dinero y personas condenadas, en un episodio que el semanario ubica en un lugar poco habitual para el tema: las proximidades de la política. El artículo, titulado "Las fronteras del narco", aclara de entrada que nada de lo conocido hasta el momento permite atribuir responsabilidades penales a dirigentes ni a partidos políticos, aunque sostiene que ciertas correlaciones tampoco deberían descartarse sin más. Entre la acusación irresponsable y la indiferencia, plantea, existe un espacio bastante amplio, y es allí donde deberían instalarse algunas preguntas.

El material recibido no incluye detalles del operativo más allá de esas cifras; el foco del análisis está puesto en por qué un caso así obliga a revisar el modo en que el país mira el fenómeno. La respuesta que ofrece Brecha es económica antes que policial: ningún mercado ilegal de estas características funciona solo con vendedores, consumidores, armas y territorios, porque necesita producir ganancias y, sobre todo, necesita que esas ganancias abandonen en algún momento las marcas de su procedencia y se incorporen a los intercambios ordinarios de la economía. Ese tránsito, menos espectacular que un homicidio y bastante más difícil de traducir en las imágenes habituales de la inseguridad, exige conocimientos, intermediaciones, oportunidades y vínculos capaces de tender puentes entre espacios sociales diferentes.

La idea no es nueva en las páginas del propio semanario: hace algunos meses, recuerda el artículo, Brecha ya había señalado que los mercados ilegales no constituyen un cuerpo extraño que desde afuera invade una sociedad previamente ordenada, sino que se incrustan en relaciones existentes, utilizan desigualdades, explotan debilidades institucionales y conectan actores de mundos que la imaginación insiste en mantener separados. A eso se suma, en el debate público reciente, la insistencia en los allanamientos nocturnos como respuesta privilegiada, mientras se siguen contando bocas cerradas, personas detenidas y dosis incautadas como indicadores de eficacia. El texto también apela a la experiencia regional, donde las relaciones entre mercados ilegales, acumulación económica y política no adoptan formas espectaculares sino zonas de contacto mucho más banales y, justo por eso, más difíciles de reconocer: intermediaciones, relaciones personales, negocios, aportes, favores, información, servicios y actores que participan de una parte de los circuitos sin conocer necesariamente su totalidad.

Para Brecha, la pregunta que corresponde no es qué partido está más cerca o más lejos del narcotráfico, como si fuera posible establecer una competencia de purezas retrospectivas, sino qué capacidades posee el sistema político uruguayo para impedir que recursos provenientes de mercados ilegales ingresen, de manera directa o indirecta, a la actividad política. Los partidos movilizan recursos, reciben aportes, contratan personas y mantienen relaciones con actores económicos, de modo que preguntar por control, trazabilidad y transparencia no supone, según el artículo, alimentar sospechas generalizadas, sino construir condiciones para que la opacidad, las proximidades y los rumores no terminen siendo el único criterio disponible para interpretar las relaciones entre dinero y poder. El cierre apunta al modo de mirar: mientras la droga, la violencia y los muertos permanecen fuertemente territorializados, el dinero circula, cambia de manos, encuentra intermediarios y adquiere formas que borran de manera progresiva las huellas de su procedencia, y cuando al fin se lo ve en los lugares a los que llega, muchas veces ya se dejó de preguntar de dónde viene.