El gobierno no prevé compensar a los comercios afectados por la reforma del transporte, aunque Etcheverry no lo descarta

Según informa El País, el gobierno nacional no tiene previsto compensar a los comerciantes afectados por las obras de la reforma del transporte. La reforma —que el propio gobierno financiará en su totalidad y que todavía está en etapa de diseño conceptual— contempla dos corredores troncales con ómnibus BRT, carriles exclusivos, paradas cerradas, algunos pasos en desnivel y un nuevo intercambiador en Tres Cruces, y apunta a que el sistema esté operativo en 2029. Sobre la compensación, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo que no está descartada, aunque relativizó la posibilidad: “obras hay en todos lados y eso no implica que tú tengas que indemnizar”, declaró, según recoge el artículo.

La razón de ese cambio de escenario está en el propio proyecto. Cuando todavía se discutía la construcción de un túnel por 18 de Julio, el panorama sobre pagar el lucro cesante de esa obra era más claro; una vez descartado ese aspecto, el gobierno —que asumirá los costos de toda la reforma— dejó de tenerlo en sus planes, según supo El País. Etcheverry explicó esa diferencia al ser consultada en En Clave País: “No es lo mismo pensar que tuvieras durante tres meses determinados tramos de 18 de Julio afectados”, dijo, y señaló que las magnitudes de las obras, con el soterramiento de la principal avenida, eran “muy diferentes” a las de una intervención que cambie la carpeta o repare el pavimento. “Todo está siendo valorado y evaluado por si correspondiera, eventualmente, mitigar algunas afectaciones”, agregó.

El punto de las compensaciones no es nuevo. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, insistió públicamente en varias ocasiones, tanto cuando el túnel estaba sobre la mesa como cuando se descartó. En abril, durante una comparecencia ante la Junta Departamental de Montevideo por el proyecto de transporte, Bergara dijo que las obras implicarían alteraciones en la movilidad y también en “el funcionamiento de los comercios y negocios”, y afirmó que el costo de la reforma incluía compensar a los comerciantes: “Si estas obras alteran las reglas de juego del funcionamiento de los negocios —estamos hablando de 18 de Julio, 8 de Octubre, en parte de Avenida Italia, arterias que están plagadas de comercios—, parte del proyecto implica la compensación transitoria durante el tiempo de construcción”, sostuvo, según consta en la versión taquigráfica de esa instancia. Hoy, en la Intendencia de Montevideo no está claro que se vaya a avanzar en ese sentido: fuentes de la comuna dijeron a El País que todo dependerá del plan de obras, aunque reconocieron que la situación cambió una vez descartado el túnel, porque las compensaciones estaban asociadas a esa obra.

En las últimas semanas el tema volvió a estar sobre la mesa tras una propuesta del senador nacionalista Martín Lema de exonerar de distintos tributos y tarifas a los comercios afectados, además de otorgarles otros beneficios. Etcheverry le quitó peso al planteo: “De todas las obras en los gobiernos departamentales que pertenecen al Partido Nacional no he visto que tuvieran en cuenta nada de esto”, dijo la ministra. Con el proyecto todavía en etapa de diseño conceptual, tampoco está definido cuánto demorarán las obras, aunque el director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Germán Benítez, estimó que el mayor volumen de obras sucederá en el segundo semestre de 2027 y en el año 2028. Además de la infraestructura, la reforma cambiará la operación del transporte metropolitano: el gobierno creó la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano (ASTM), con representantes del Ejecutivo y de las intendencias de Montevideo, Canelones y San José, que pasará a recibir el dinero de los viajes y a pagarle a las empresas por los servicios prestados en lugar de por la cantidad de boletos vendidos, con indicadores de calidad —cumplimiento de frecuencias, horarios, higiene, estado de mantenimiento de las unidades— y premios o penalizaciones económicas según el servicio.

El cruce político siguió después. Lema, excandidato a la intendencia de Montevideo, respondió a la ministra y sostuvo que “una reforma de estas características no puede hacerse de espaldas a comerciantes y vecinos”. “Los comercios que cierran como consecuencia de no haber previsto medidas de mitigación en tiempo y forma significarán puestos de trabajo perdidos y familias afectadas”, dijo a El País, y pidió precisiones sobre los tiempos: “Necesitamos saber cuánto durará la intervención en cada tramo, cuánto tiempo estarán afectados los accesos a los comercios y qué planes de contingencia existen para evitar retrasos y asegurar el cumplimiento de los cronogramas”. Etcheverry, en tanto, defendió el sentido de la reforma: “Nosotros tenemos centros comerciales a cielo abierto muy importantes que hoy ya tienen afectaciones por otras razones. Esto va a ser un cambio que le tiene que significar una mejora sustantiva”, afirmó. La otra voz en la discusión es la del intendente de Montevideo, Mario Bergara, que viene reclamando compensaciones desde antes de que el túnel se descartara y cuya postura, según fuentes de la comuna, quedó supeditada a cómo se defina el plan de obras.