Maldonado supera los 9.000 trabajadores de la construcción y el Sunca proyecta más actividad para 2027

Según informa la diaria, Maldonado cuenta con más de 9.000 trabajadores vinculados a la industria de la construcción y la proyección del Sunca en el departamento es que el nivel de actividad de 2027 tenga "una tasa de actividad bastante importante" y supere incluso lo que fueron años anteriores. Lo dijo el secretario general del sindicato en Maldonado, Michael Pistone, en una entrevista con ese medio en la que también participó el presidente de la Coordinadora de la Industria de la Construcción del Este (CICE), Gustavo Robayna. La conversación giró sobre tres ejes: el nivel de actividad y la proyección de inversión y empleo para los próximos años, el nuevo convenio colectivo del sector de la construcción suscrito en agosto entre el Sunca y las cámaras empresariales, y los desafíos que el crecimiento del departamento plantea en materia de infraestructura. Robayna evaluó que hay "un buen nivel de desarrollo" y que tanto en lo que resta de 2026 como en 2027 "habrá una capacidad como la actual", y sostuvo que ese crecimiento tiene que acompañarse con abastecimiento de agua potable, saneamiento, electricidad, movilidad y seguridad.

Esa continuidad de la actividad se apoya, según el presidente de la CICE, en el tipo de obras que se están ejecutando: trabajos que duran entre un año y tres y que sostienen la demanda de mano de obra más allá de un ejercicio puntual. El convenio colectivo, en cambio, llegó después de una negociación en los Consejos de Salarios que estuvo atravesada por medidas sindicales y paralizaciones. Robayna contó que la gremial cuestionó inicialmente que la reducción de la jornada se discutiera en ese ámbito, por la "presión" de las medidas sindicales y por la falta de tiempo para analizar las consecuencias de la medida. "El lugar para discutirlo era en un ámbito fuera de los Consejos de Salarios, en el que se pudiera poner las cosas arriba de la mesa con madurez para los trabajadores y para las empresas", sostuvo.

La negociación no fue lineal. Durante la discusión en los Consejos de Salarios hubo envíos al seguro de desempleo: Pistone estimó que unos 700 trabajadores se vieron afectados en el departamento y aclaró que los 240 de la obra del grupo Cipriani "fueron en el marco de un problema económico entre Cipriani y Criba y no por las medidas sindicales tomadas". A partir del preacuerdo alcanzado el 4 de agosto entre el Sunca y las cámaras para retomar a trabajadores enviados al seguro de paro, "el 100% fueron reintegrados", según el dirigente; en la obra de Cipriani se acordó el reintegro de los 650 trabajadores y volvieron todos los que quisieron hacerlo, después de la paralización total de la actividad en agosto. Hoy trabajan allí 700 personas. La cantidad actual de trabajadores, de todos modos, no alcanza el tope histórico: entre 2008 y 2010 el departamento tenía unos 11.000 o 12.000 trabajadores de la construcción, indicó Robayna. En paralelo, Pistone advirtió por la persistencia de la informalidad e incumplimientos laborales, especialmente en algunos complejos privados (Laguna Escondida, Reserva Montoya y Pueblo Mío), donde, según denunció, "se ha eliminado la posibilidad del ingreso del sindicato", y señaló el uso de mano de obra extranjera en condiciones que "favorecen la precarización laboral". Uno de los casos involucra un subcontrato vinculado a las obras de Cipriani Ocean Resort, Club Residences & Casino Punta del Este, donde se detectaron "diferencias salariales y falta de aportes a la seguridad social": la semana pasada hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ubicado en Maldonado con representantes de la empresa madre Criba, el grupo Cipriani y la empresa inversora Fosara SA, para que los aportes de ocho o nueve obreros que instalan cámaras de videovigilancia se regularicen "de forma retroactiva", ya que, si bien sus salarios fueron corregidos, siguen estando bajo el régimen de Industria y Comercio.

El cambio más concreto del convenio firmado el 14 de agosto, con vigencia de cinco años, es la reducción progresiva de la jornada: de 44 horas semanales a 40 en enero de 2030, con una hora menos por año desde 2027. Para Robayna, la medida implicará "una pérdida salarial parcial", porque una parte del impacto la absorben los trabajadores y otra las empresas. Su estimación es que la reducción horaria supondría "un incremento de un 9% sobre el costo de la mano de obra para las empresas, pero el convenio establece un 7%, que representa el 35% del costo total de una obra", de modo que la diferencia porcentual recae sobre los trabajadores, mientras que "el efecto sobre el costo total de construcción rondaría el 2% al cabo de cuatro años". Sostuvo que "lo más fácil sería trasladarlo al precio final" de venta, aunque, como el mercado regula, "las empresas deberán analizar cómo optimizar ese costo". El acuerdo también incorpora flexibilidad para distribuir las horas según las necesidades de cada obra y el compromiso de estudiar medidas para mejorar la productividad del sector. En materia previsional, la semana pasada se conformó una comisión con representantes sindicales y empresariales que tendrá 150 días para elaborar una propuesta sobre el financiamiento de un régimen jubilatorio especial, con el objetivo de poder jubilarse a los 55 años con 25 de aportes mediante el reconocimiento de la actividad como "insalubre"; la comisión prevé presentar sus resultados en abril de 2027 y luego hará falta una normativa que lo regule. Sobre las obras en curso, el titular de la CICE mencionó el obrador del complejo Cipriani y los trabajos de Enjoy Punta del Este, que pasará a llamarse Fasano Península, donde la empresa Baluma SA cesó la convocatoria de 250 trabajadores eventuales y redujo jornales de part time. En Cipriani "podría haber reducciones de personal por la finalización de tareas", ya que se prevé su inauguración para la temporada 2027-2028. Respecto de las paralizaciones, advirtió que "algunas obras podrán recuperar el tiempo perdido, mientras que otras no lograrán cumplir con los plazos previstos", y que a escala nacional "la construcción podría demorar entre 20 y 22 meses en recuperar el nivel de actividad que habría alcanzado de no haberse producido los paros", una proyección global que no aplica a cada empresa en particular. El crecimiento del sector también quedó atado al debate ambiental: ante las objeciones de organizaciones socioambientales a proyectos inmobiliarios, como un barrio jardín de 90 hectáreas en laguna del Diario o los dos proyectos que preocupan al Movimiento Punta Ballena Protegida, Robayna afirmó que "la intervención de un espacio natural, sea un terreno en medio de un barrio, en una playa o en un humedal, es una afectación y es una intervención al medioambiente de por vida, le guste a quien le guste", y ubicó en la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente, la potestad de determinar qué impactos son admisibles. "No vale todo, no es a costa de que tengo que generar trabajo que destruyó el encanto", aseguró.

Michael Pistone, secretario general del Sunca de Maldonado, calificó el convenio colectivo como "histórico" y dijo que "hace historia para los trabajadores y las trabajadoras de la industria de la construcción": "Todo lo que tuvimos que hacer como sindicato valió la pena porque esta conquista colectiva en todos los puntos es 100% beneficioso para los trabajadores de la industria de la construcción". Subrayó que el Sunca "es el único sindicato del país que logró un convenio colectivo que acuerda una reducción de la carga horaria", que "es sin pérdida salarial", y destacó la incorporación de asambleas semestrales pagas sobre salud mental, un examen para detectar cáncer de próstata en trabajadores mayores de 40 años —con reintegros de 1.000 pesos por estudio a cargo del Fondo Social de la Construcción— y un protocolo ante alertas meteorológicas para temporales y episodios de calor extremo. Gustavo Robayna, presidente de la CICE, valoró positivamente el convenio firmado el 14 de agosto y sostuvo que "hoy, con este convenio firmado, sacando algún conflicto particular que hay en las obras, hay una proyección estable de trabajo y sin conflictos generalizados", además de que "las cosas que hacemos mal las pagamos entre los dos, y las buenas también". Las dos descripciones del mismo acuerdo no coinciden en un punto: donde el dirigente sindical habla de reducción horaria "sin pérdida salarial", el empresario habla de "una pérdida salarial parcial". Robayna también afirmó que "los conflictos más graves sucedieron en Maldonado, porque el sindicato departamental es el más conflictivo", y evaluó que "la flexibilidad que se logró es parte del secreto de los beneficios de la reducción de la jornada laboral".