Di Candia precisó los topes de alquiler social: 15 mil pesos por un dormitorio, 19 mil por dos y 23 mil por tres

Según informa Semanario Brecha, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial definió los topes de precio que considera adecuados para su política de alquiler social: 15 mil pesos por un dormitorio, 19 mil por dos y 23 mil por tres. El subsecretario Christian Di Candia precisó que ningún pago de esos alquileres puede superar el 30 por ciento del ingreso del núcleo familiar, y dio un ejemplo: si una familia gana 30 mil pesos, no se le cobrará el 50 por ciento de sus ingresos sino el 30, con lo que el tope de 15 mil pesos baja a 9 mil. El objetivo declarado por las autoridades es llegar a 2.100 unidades de alquiler social en 2029, cuando la oferta actual es de apenas 74 unidades.

De acuerdo con el subsecretario Di Candia, para hablar de una política de alquiler social y no de una experiencia piloto el número de unidades ofrecidas a esos precios no debe contarse por decenas sino por miles. El jerarca explicó que el ministerio tiene previstas 26 licitaciones para construir vivienda pública, con las que espera sumar unas 1.500 viviendas. Según Brecha, las precisiones de Di Candia se dieron en una entrevista con El País el viernes 2 de octubre y en una columna publicada el lunes pasado en La Diaria.

La arquitecta Lucía Anzalone, cocoordinadora del Centro de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, explicó al semanario que los anuncios responden a una discusión que ya tiene años y que se desarrolló en espacios académicos y de intercambio entre investigadores y organizaciones sociales, como las federaciones de cooperativas, nucleamientos de personas que residen en pensiones o la Coordinadora de Viviendas Colaborativas. Esas instancias, dijo, terminaron influyendo en el diseño de los 63 objetivos del gobierno y reflejándose en las líneas del plan quinquenal. Según Anzalone, el país tiene una tradición propietarista y la mayoría de los programas de vivienda del sistema público apuntan a ceder la propiedad individual de la solución habitacional. La arquitecta señaló que el riesgo de esas soluciones es que la vivienda hecha con inversión pública vuelva al mercado, y mencionó como ejemplo lo ocurrido con los Núcleos Básicos Evolutivos de los años noventa, cuyos conjuntos, ubicados en localizaciones periféricas de baja calidad urbana, en gran parte desembocaron en el mercado informal.

Di Candia añadió que al alquiler social en vivienda pública se sumará próximamente un programa de alquiler social en vivienda privada, con la misma lógica de topes de precio y subsidio parcial. El subsecretario sostuvo que es un error corriente del sistema político considerar que el acceso a la vivienda puede solucionarse con un par de programas, y afirmó que el Plan Avanzar partió de una lectura de ese tipo. Para Di Candia no se trata solo de relocalizar: planteó que puede ser más útil dotar de infraestructura, saneamiento y veredas, hacer que llegue el ómnibus o mejorar techos y pisos, en lugar de construir casas nuevas. En cuanto a la repoblación de Ciudad Vieja, informó que hay más de 300 padrones vacíos de propiedad privada, aunque la mayoría está al día con los impuestos y se trata más de especulación con el suelo que de abandono real. El ministerio diseña una herramienta para colocar suelo público y pedir inversión privada, cobrando ese suelo a través de unidades de vivienda que se integrarían al parque público, mientras el resto se vendería a un precio topeado. Según Di Candia, el Banco Hipotecario otorgará el crédito equivalente al 95 por ciento del valor de la unidad, y dio un ejemplo: si la vivienda vale 120 mil dólares, con un crédito a pagar en 20 años la cuota queda en unos 22 mil pesos, y aplicando un subsidio del 30 por ciento quedaría en 15 mil. Un operador inmobiliario consultado por Brecha observó que la dificultad que podría enfrentar este programa, llamado Entre Todos, es que los inversores disponibles prefieran emplear su capital en el programa de vivienda promovida que ahora controla el Ministerio de Economía y Finanzas y que no tiene topes de precio.

El subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, precisó los topes de alquiler social y explicó la lógica del 30 por ciento del ingreso familiar. La arquitecta Lucía Anzalone, cocoordinadora del Centro de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, consideró que los números propuestos para este quinquenio son muy pequeños para la demanda que realmente hay, pero que es una dirección correcta. Un operador inmobiliario consultado por Brecha observó que la dificultad que podría enfrentar el programa Entre Todos es que los inversores disponibles prefieran emplear su capital en el programa de vivienda promovida que ahora controla el Ministerio de Economía y Finanzas y que no tiene topes de precio.