Cinco abogados de damnificados de República Ganadera reclaman un fiscal titular y evalúan demandar a Fiscalía
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12/11/2026, 7:31:38 p. m.
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Resumen
Cinco abogados de damnificados de República Ganadera reclamaron ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes que se designe un fiscal titular para la investigación, que sigue sin conductor desde mayo. Cuestionaron que la única medida penal vigente sea la prohibición de salir del país para los dos directores de la empresa y advirtieron que, si nada cambia, demandarán a la Fiscalía General de la Nación por falta de servicio. En el concurso se verificaron deudas por USD 95,6 millones con 1.445 acreedores.
Según informa El País, cinco abogados que representan a damnificados de República Ganadera reclamaron el miércoles en el Parlamento que se designe un fiscal titular para dirigir la investigación. Fue ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, donde cuestionaron que, a casi dos años de las primeras denuncias, la única medida penal vigente sea la prohibición de salir del país para los dos directores de la empresa. La delegación —integrada por Juan Pablo Decia, Juan Fagundez, Carlos Esponda, Graciana Abelenda y Natalia Iruleguy— pidió a los diputados que citen a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para que informe sobre el estado de la causa y los recursos asignados a la investigación. Los legisladores escucharon a la delegación y les pidieron que enviaran la presentación para estudiar el caso. Si la situación se mantiene, los abogados evalúan demandar a la Fiscalía General de la Nación por falta de servicio, según dijo a El País el abogado Juan Pablo Decia.
El reclamo tiene una razón concreta. La Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno, que lleva el caso, quedó sin titular en mayo, cuando el fiscal Alejandro Machado y su adjunto Leonardo Rosas fueron trasladados a la Fiscalía de Cibercrimen. Gilberto Rodríguez subroga el cargo mientras sigue al frente de su propia fiscalía. A eso se sumó otro episodio, el 8 de octubre, en una audiencia donde se discutía si los dos directores debían seguir impedidos de salir del país. Ese día concurrió en representación de Fiscalía una fiscal de Estupefacientes que, según Decia, dijo que aún se aguardaba un informe del equipo multidisciplinario para avanzar sobre los bienes de los investigados. Sin embargo, dos días antes, el 6 de octubre, un oficial de la sección Lavado de Activos del Ministerio del Interior ya había enviado ese informe a Fiscalía, según el intercambio de correos al que accedió El País. En aquella audiencia, de acuerdo con los abogados, Fiscalía solo pidió prorrogar por 120 días la prohibición de salir del país.
Las primeras denuncias penales se presentaron el 27 de noviembre de 2024, un día después de que República Ganadera solicitara su concurso. En el proceso concursal se verificaron deudas por USD 95,6 millones con 1.445 acreedores, según la documentación que los abogados prepararon para la comisión. El informe que elevó con fecha del 30 de setiembre un equipo integrado por personal de distintos organismos, en tanto, señaló que había identificado "indicios de un patrón de vaciamiento patrimonial". También detectó transferencias dentro y fuera del país para las que no encontró una explicación acorde con la actividad comercial de la empresa. Ese mismo informe consigna que el 30 de mayo de 2025, seis meses después de las primeras denuncias, María Elina Fynn, exsocia de República Ganadera, vendió la propiedad por USD 590.000: la compradora pagó USD 208.000 en el acto y acordó abonar los restantes USD 382.000 en cuotas.
El día anterior a la comparecencia, Decia había presentado un escrito ante Fiscalía en el que identificó, entre los bienes que buscaba embargar, las cuotas pendientes por la venta de un inmueble en Ciudad de la Costa. Pidió que Fiscalía solicite al juzgado el embargo de ese crédito, para que lo que quede por pagar se deposite a la orden del juez. En el mismo escrito reclamó que se pida a la Justicia la formalización y la prisión preventiva de los dos socios administradores de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Andrés Mussio —que figuran como investigados—, además de embargos sobre inmuebles y vehículos y la inmovilización de fondos en cuentas bancarias. En la comisión, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone preguntó si la demora podía perjudicar las posibilidades de los damnificados de recuperar su dinero, y Decia respondió que sí. Por ahora los legisladores se limitaron a escuchar y a pedir la presentación para estudiarla.
Las declaraciones registradas son las de los abogados de los damnificados. Decia puso la frase más dura de la jornada: "Ya es desidia", dijo sobre la marcha de la causa. Sobre el informe del equipo multidisciplinario, sostuvo que "no es sospecha ni apreciación de los abogados, es prueba que está en la carpeta". El resto de la delegación —Fagundez, Esponda, Abelenda e Iruleguy— concurrió junto a él a la comisión y acompañó la presentación.
Documentos y fuentes
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Mencionados en esta nota: Alejandro Machado, Cabildo Abierto, Carlos Esponda, Ciudad de la Costa, Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes, Fiscalía General de la Nación, Fiscalía de Cibercrimen, Fiscalía de Delitos Económicos de 1er Turno, Gilberto Rodríguez, Graciana Abelenda, Juan Fagundez, Juan Pablo Decia, Leonardo Rosas, María Elina Fynn, Mauro Andrés Mussio, Ministerio del Interior, Mónica Ferrero, Natalia Iruleguy, Nicolás Jasidakis, Parlamento, República Ganadera, Álvaro Perrone