Guadalupe presentará en Nacional un proyecto para reformar la "lista negra" y avisar antes de excluir a un hincha

Según informa Referí (El Observador), el dirigente de Nacional Joaquín Guadalupe presentará este martes su primer proyecto desde que ocupa la banca de Flavio Perchman: una reforma de la ley que regula la lista de impedidos para ingresar a espectáculos deportivos, conocida como "lista negra". Guadalupe es abogado y llegó a ese lugar el 12 de octubre, cuando Perchman pidió una licencia de un mes tras sus polémicas declaraciones sobre el decanato de Peñarol, que la directiva tricolor desacreditó en un comunicado. El texto que presentará, al que el medio accedió, apunta a dar más garantías a las personas que son incorporadas a ese registro: aviso previo, posibilidad de defenderse antes de la inclusión y sanciones ya determinadas para cada conducta. La iniciativa, según el documento, "procura adecuar el sistema actual al sistema de protección de garantías individuales y el debido proceso, incorporando reglas claras, procedimientos garantistas y sanciones previamente determinadas".

El fundamento está en el propio documento. Guadalupe sostiene allí que la ley vigente "presenta determinadas insuficiencias en materia de garantías individuales de las personas, debido proceso, legalidad, tipicidad y proporcionalidad de las medidas restrictivas", y por eso considera necesaria una "revisión" que alcance "un equilibrio razonable entre la imprescindible prevención de la violencia y la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos". Para el dirigente, la reforma es una "oportunidad para modernizar el sistema y dotarlo de mayor legitimidad". El texto revisado no explica por qué eligió este tema como su primer proyecto en el cargo.

La ley que Guadalupe quiere cambiar permite incluir a una persona en la lista por "comportamientos violentos, manifestaciones agraviantes, incumplimientos de normas de seguridad, utilización de artículos no autorizados y otras conductas vinculadas con la actividad deportiva", y escala las sanciones en leves (de seis meses a un año de prohibición de ingreso), graves (de uno a cinco años) y gravísimas (de cinco a 15 años). Hoy, según el documento, los incluidos pueden "solicitar información sobre los motivos de su incorporación y a requerir, por única vez, la revisión de la medida", pero no existe la obligación de notificarles antes de sumarlos al registro. Guadalupe no llega a esta discusión desde afuera: como abogado defendió a los barras de Nacional acusados de lanzar una bengala a un policía en el clásico contra Peñarol de la final del Torneo Intermedio de 2025.

Si el proyecto avanza, Nacional impulsaría los cambios y abriría un diálogo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la Secretaría Nacional del Deporte y el Ministerio del Interior para "evaluar las modificaciones legislativas y reglamentarias necesarias", según plantea el documento. En concreto, el dirigente propone cuatro ejes: notificar y permitir apelar antes de la inclusión —con un régimen excepcional para "situaciones de riesgo grave, concreto e inminente" que habilite "medidas preventivas provisionales" con "plazos breves"—; una "enumeración taxativa y detallada de las infracciones", con especial cuidado en la "protección de la libertad de expresión" para que la crítica, la discrepancia o la protesta no se equiparen automáticamente a comportamientos violentos; un sistema de infracciones y sanciones específicamente determinadas, con la posibilidad de estudiar "medidas alternativas a la prohibición de ingreso" en las de menor entidad; y un recurso de reconsideración ante un organismo distinto del que tomó la decisión, con plazos ciertos y suspensión de la medida mientras se discute, más una apelación "extraordinaria" si aparecen "hechos nuevos, pruebas relevantes o modificaciones sustanciales". Qué resolución tomará la directiva de Nacional sobre la propuesta no surge del material.

Las palabras que sostienen la propuesta son, en el material, las del propio Guadalupe. "Ningún hincha debería ser privado de concurrir a un espectáculo deportivo sin conocer previamente los hechos que se le atribuyen, sin contar con una oportunidad real de defenderse y sin que exista una norma clara que determine la consecuencia jurídica de su conducta", plantea en el documento. Y agrega que modificar la ley "no constituye un obstáculo para la prevención de la violencia", sino una "condición indispensable para que esa prevención se desarrolle dentro de los principios del Estado de Derecho". El material recibido no incluye declaraciones de otros dirigentes de Nacional, de la AUF, de la Secretaría Nacional del Deporte ni del Ministerio del Interior.