Latinobarómetro: el 64% de los uruguayos prefiere la democracia, pero un 45% aceptaría un régimen no democrático

Según informa El Telégrafo (Paysandú), el 64% de los uruguayos prefiere la democracia frente a cualquier otra forma de gobierno, aunque un 45% aceptaría un régimen no democrático si este lograra resolver los problemas del país. Las cifras surgen del último informe de Latinobarómetro citado por el medio, que también señala que el respaldo al sistema democrático cayó seis puntos porcentuales respecto de 2024, cuando alcanzaba el 70%. Pese a ese descenso, Uruguay se mantiene entre los países con mayor apoyo a la democracia de la región: solo por detrás de Argentina y por encima del promedio latinoamericano, de acuerdo con la misma fuente. El informe repasa además qué instituciones inspiran confianza. La Policía encabeza la lista, seguida por las Fuerzas Armadas, la radio y la Corte Electoral. En el otro extremo, con los menores niveles de confianza, vuelven a aparecer los partidos políticos, las redes sociales y los sindicatos.

Detrás de esas cifras, el artículo no atribuye la caída de seis puntos a una causa concreta, pero sí describe un clima más general. Habla de una sensación de desconexión con la clase dirigente a la que se suman la inseguridad y la insatisfacción con la administración de los recursos públicos. En ese marco, consigna que el 50% de los consultados sostiene que el país está perdiendo la batalla contra el narcotráfico y el crimen organizado, y que la percepción de ineficacia del Estado frente a esos flagelos genera una sensación de vulnerabilidad que desgasta la credibilidad de las herramientas tradicionales del sistema político. El medio plantea además que la desconfianza tampoco nace de la nada: la asocia a promesas incumplidas y fallas institucionales, con trámites lentos, sistemas colapsados y atención deficiente que alimentan la percepción de un Estado pesado e ineficiente, y con la idea de que los recursos públicos benefician a las élites políticas o a determinados grupos de interés.

Esa desconfianza convive, sin embargo, con una fuerte dependencia del Estado, y el propio texto busca el origen de esa paradoja en la historia uruguaya. La ubica, en particular, en el legado batllista, que consolidó un modelo de Estado de bienestar integral y generó a lo largo de sucesivas generaciones un consenso implícito en la sociedad. Aquel "escudo de los débiles", dice, quedó incorporado a la cultura política más allá de la ideología del gobierno de turno. De ahí que el Estado sea percibido como el último garante de la estabilidad social y económica. Ante crisis graves como el desempleo, los problemas de salud o la inseguridad, la primera reacción colectiva no suele ser buscar soluciones en el mercado privado, sino reclamar mayor presencia estatal, más controles normativos y subsidios económicos.

El artículo sostiene que estas contradicciones y demandas constituyen un terreno fértil para los discursos populistas: algunos líderes canalizan el malestar contra el "Estado fallido", mientras otros prometen un "Estado presente" capaz de resolver todas las necesidades. Y plantea que el desafío no pasa por elegir entre un Estado omnipresente y uno ausente, sino por construir uno que pueda justificar su tamaño, su costo y su presencia mediante resultados concretos. El costo del Estado es, justamente, uno de los ejes que el texto pone sobre la mesa. Señala que Uruguay tiene una de las presiones fiscales más altas de la región y que tanto empresas como personas sienten que una parte importante de sus ingresos se destina a impuestos. El sector productivo, en particular el agro y la industria exportadora, sostiene que ese costo contribuye a encarecer al país frente al exterior, con reclamos que apuntan al exceso de funcionarios en determinadas áreas, la duplicación de funciones y la falta de modernización de algunos servicios.