TCP mantiene su postura y el sindicato portuario presiona al gobierno mientras espera una nueva reunión

Según informa El País, el conflicto entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y su gremio portuario sigue sin resolverse: la empresa mantiene sin cambios su postura desde el 7 de setiembre y el sindicato redobla la presión sobre el gobierno mientras espera una nueva reunión. Aunque en este momento no hay medidas distorsivas que estén afectando la operativa del puerto, en el gobierno y en el sistema político persiste la preocupación por un enfrentamiento que, de acuerdo con el relato del medio, lleva meses de negociaciones frustradas. El último capítulo fue la declaración del gobierno de Yamandú Orsi de los servicios mínimos esenciales que deberán cumplir los trabajadores en caso de nuevas huelgas, medida que el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) rechazó de plano y que motivó su pedido de una reunión formal con las autoridades. Por estas horas, el Ejecutivo "ajusta la agenda" de los ministros de Trabajo, Juan Castillo, y de Transporte, Lucía Etcheverry, junto al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, para concretar ese encuentro, siempre según El País.

El bloqueo nace de la negociación de un convenio colectivo que TCP y su gremio discuten desde enero sin resultado, de acuerdo con el medio. La discrepancia de fondo, en este momento, pasa por la duración del convenio, la cantidad de jornales asegurados y el tipo de guardia gremial que deberá establecerse una vez que rija el acuerdo, cuando se tomen medidas. Todo parecía cerrarse el 7 de setiembre, cuando Supra divulgó un comunicado en el que indicó que los trabajadores, reunidos en asamblea, habían resuelto "aceptar la última propuesta de la empresa, en el marco de un convenio de dos años, con manos aseguradas los días domingos, y guardia gremial durante la vigencia del convenio". La resolución de la asamblea de TCP-Nelsury, sin embargo, tiene un texto algo diferente: allí, con fecha del mismo día, se indicó que la decisión fue "aceptar la última propuesta de la empresa, modificando los siguientes puntos", y se precisó que la duración debía ser de dos años, que se aplicara la "cláusula de paz de los Consejos de Salarios" y que se mantuviera "la guardia gremial por la duración del convenio, siendo el sindicato quien regule la misma". Esas modificaciones no fueron aceptadas por la empresa, cuya postura se mantiene incambiada desde entonces.

El conflicto, agrega la nota original, no puede leerse sin tener en cuenta la cantidad de actores en juego en el puerto, lo que incluye una tensión sistémica con Montecon. Su principal accionista, Neltume Ports, comunicó la semana pasada que presentó al gobierno un proyecto de inversión por USD 900 millones para hacer un muelle especializado de contenedores similar al que opera TCP, una noticia que se dio a conocer pocas horas después de que la firma desistiera de sus intenciones de iniciar un arbitraje contra el Estado. En paralelo, Katoen Natie —socio mayoritario de TCP— evalúa los perjuicios económicos generados por las medidas de paro y asambleas tomadas por el sindicato en los últimos meses, con la posibilidad de promover una demanda de resarcimiento. El viernes pasado el gobierno declaró los servicios mínimos esenciales en el muelle especializado de contenedores, una determinación que recibió el respaldo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y que también fue rechazada por el Pit-Cnt y formalmente por el propio Supra.

Con la negociación en pausa tras una semana de intensas conversaciones en el Ministerio de Trabajo, las partes esperan una nueva citación de la cartera para un encuentro tripartito que, según la expectativa del sector recogida por El País, debería llegar de un momento para otro. Mientras eso no ocurre, el sindicato ya adelantó que analiza los pasos a dar frente a una medida que, en palabras de su secretario general, limita "muchísimo las asambleas o la paralización" de las que pueden hacer uso los trabajadores. En el gobierno, en tanto, el asunto sigue generando preocupación y obliga a reordenar la agenda de tres jerarcas para atender el pedido de reunión de Supra, en un conflicto que el medio describe como de alta complejidad y sin señales de entendimiento a la vista.

Álvaro Reinaldo, secretario general de Supra y referente principal del sindicato de TCP, sostuvo en el programa Info Capital de Tv Ciudad que el Ejecutivo debería haber tenido "un rol más activo" en negociaciones que, dijo, a seis meses de iniciadas no condujeron a ninguna parte. "No ha habido propuestas de acercamiento... Nosotros decimos que queremos 26 jornales, la empresa dijo: 'No, yo 20 les doy'. Bueno, nunca se acercaron", afirmó, y agregó que "siempre se nos ha pedido a nosotros que demos tiempo, que saquemos las medidas cuando se ponen muy complejas y siempre lo hemos hecho". Desde la dirección del Frente Amplio, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, subrayó que no veía viable la aplicación de la esencialidad —opción que el Ejecutivo mantuvo sobre la mesa hasta hace algunos días—, pero consideró adecuado el camino que tomaron los ministerios de Transporte y Trabajo. "Si me preguntan si la decisión fue acertada, creo que (fue) muy acertada", dijo en rueda de prensa, y remarcó que "para nada" va en contra del derecho de huelga. En filas del oficialismo hay matices: el senador socialista Gustavo González ha reivindicado el camino de protesta que lleva adelante el sindicato.