Da Silva pidió al gobierno informes sobre la inversión de Solaria, las tierras afectadas y eventuales garantías públicas

Según informa El País, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva presentó un pedido de informes dirigido a cinco ministerios para conocer los detalles del proyecto de la empresa española Solaria, anunciado por el presidente de la República Yamandú Orsi. El proyecto contempla la construcción de centros de datos en un proceso que, de acuerdo con el anuncio, permitirá generar 3.100 puestos de empleo temporales y 1.500 permanentes. El planteo fue presentado horas después del anuncio y está dirigido a la Cámara de Senadores, con consultas que deberán responder, según sus competencias, los ministerios de Industria, Energía y Minería; Economía y Finanzas; Ambiente; Ganadería, Agricultura y Pesca; y Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el material consultado, Da Silva busca obtener precisiones que el anuncio presidencial no habría detallado: una copia del acuerdo y sus anexos, información sobre las sociedades y socios participantes, las etapas de ejecución, los plazos previstos y las condiciones que todavía permanecen pendientes. El pedido apunta en particular a la dimensión de la inversión y las características de la infraestructura proyectada, incluyendo la ubicación de los parques solares y los centros de datos, los padrones involucrados y la cantidad de hectáreas comprendidas.

El senador solicitó distinguir la superficie total de los predios de la efectivamente ocupada por los paneles solares y aclarar si los 350 megavatios anunciados corresponden a potencia pico o a potencia de conexión. También puso el foco en el impacto que la iniciativa podría tener sobre la actividad agropecuaria, pidiendo información sobre el uso actual de los campos involucrados, la calidad de los suelos y la superficie que dejaría de destinarse a la producción, además de consultar si se mantendrá el pastoreo ovino en los predios y bajo qué condiciones. En materia financiera, Da Silva requirió detalles sobre el capital propio y el endeudamiento previstos, la identidad de los inversores y prestamistas, los montos efectivamente comprometidos y las condiciones necesarias para concretar el cierre financiero, además de la evaluación de solvencia y endeudamiento de Solaria realizada por el gobierno. Otro de los puntos planteados refiere a las garantías que podrían respaldar el financiamiento: el legislador pidió precisar qué activos, contratos o ingresos se utilizarían con ese fin y si existirán avales, créditos, garantías o compromisos por parte del Estado, UTE, Antel o bancos públicos, además de la eventual exposición pública y las consecuencias de un incumplimiento. El pedido también abarca aspectos energéticos -como la demanda eléctrica y la generación solar anual previstas, el suministro nocturno, las tarifas y contratos con UTE, y las obras necesarias y su financiación-, así como el régimen de zona franca, las exoneraciones tributarias, el costo fiscal estimado, el consumo y las fuentes de agua, las autorizaciones ambientales y los compromisos verificables de inversión, empleo y restauración de los predios. Por último, Da Silva pidió los antecedentes de la negociación, la identificación de participantes, intermediarios y asesores, los controles de integridad y los eventuales conflictos de intereses, además del fundamento y el alcance de las cláusulas de confidencialidad incluidas en el acuerdo, solicitando que cada punto sea respondido con documentación de respaldo y que se deje constancia expresa de los aspectos aún no definidos.