El Telégrafo cuestiona el costo político del discurso ambientalista

Según informa El Telégrafo (Paysandú), en un artículo de opinión el medio plantea que existe una diferencia sustancial entre las acciones y el discurso para captar votos desde la oposición y gobernar cuando se tiene la responsabilidad de administrar un país. El texto sostiene que en la oposición es relativamente sencillo convertirse en portavoz de determinadas demandas, acompañar reclamos sectoriales y prometer que esas reivindicaciones ocuparán un lugar central en la agenda pública, pero que el problema aparece después, cuando las urnas otorgan la responsabilidad de gobernar y esas promesas deben enfrentarse a una realidad más compleja.

El artículo plantea que es allí donde aparecen las contradicciones, y sostiene que la historia política reciente de Uruguay ofrece varios ejemplos. Menciona el caso de la forestación y las plantas de celulosa, señalando que durante años sectores del Frente Amplio cuestionaron con dureza el modelo forestal y expresaron reparos respecto de la instalación de plantas de celulosa en el país, en la década de 1980, una postura que encontraba eco en sectores ambientalistas y en parte de la militancia que había hecho de la defensa del medio ambiente una de sus banderas. Agrega que, cuando la coalición de izquierda llegó al gobierno, la realidad terminó imponiendo otra mirada, y que la forestación pasó a ser reconocida como una actividad de enorme importancia económica, generadora de inversiones, empleo, exportaciones y movimiento en el interior del país, mientras que las plantas de celulosa terminaron siendo respaldadas desde el gobierno.

El texto señala que un gobierno puede y debe modificar posiciones cuando la evidencia demuestra que la realidad es diferente de lo que se pensaba desde la oposición, y sostiene que el problema está en la facilidad con que muchas veces se presentan determinadas posiciones como principios inamovibles mientras se está en la oposición y luego, al gobernar, esos principios pasan a ser relativizados en nombre de la responsabilidad. Añade que algo similar vuelve a plantearse ahora con la discusión sobre la represa de Casupá, y afirma que sectores ambientalistas que históricamente han acompañado a la izquierda o han encontrado en ella un interlocutor político natural levantan reparos frente a un proyecto que, según el artículo, un gobierno de izquierda está dispuesto a llevar adelante. El texto también menciona el concepto de "Uruguay Natural", utilizado durante años como marca país, particularmente en materia turística pero también en la producción industrial y agrícola, y afirma que hoy se ha optado por quitar la palabra "Natural" de la marca turística.

El artículo plantea que la respuesta no puede ser otra que gobernar, lo que significa, muchas veces, decir que no y dar la espalda incluso a quienes ayer fueron aliados electorales estratégicos. Sostiene que las minorías tienen derecho a organizarse, reclamar, protestar y tratar de influir en las decisiones públicas, pero que una cosa es escuchar a las minorías y otra muy distinta es gobernar exclusivamente en función de sus demandas. Respecto de la marca turística, señala que es cierto que una modificación de una marca institucional puede responder a razones de marketing y no necesariamente a un cambio ideológico, pero que también es legítimo preguntarse si detrás de estas modificaciones existe una percepción política más amplia: que determinadas etiquetas, particularmente aquellas asociadas al ecologismo, ya no generan necesariamente el mismo rendimiento electoral o comunicacional ante las mayorías.