El gobierno y TCP quieren un convenio portuario a cinco años y el sindicato no se compromete a aceptarlo

Según informa El País, el prolongado conflicto laboral en el puerto de Montevideo puede tener este lunes un punto de inflexión si las partes enfrentadas llegan finalmente a un entendimiento en la reunión que comenzará sobre las 14 en la Dirección Nacional de Trabajo, donde analizarán la fórmula de acuerdo que elaboró el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La incertidumbre central pasa por el plazo del convenio: Terminal Cuenca del Plata (TCP), la operadora de la terminal especializada de contenedores del puerto capitalino, pretende un acuerdo laboral a cinco años, y el sindicato mantiene la incógnita sobre si aceptará ese plazo. «Dependerá del contenido» de lo que se acuerde y de si resulta beneficioso para el gremio, dijo a El País Álvaro Reinaldo, presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA). El gremio ha optado por el perfil bajo y por no adelantar su postura respecto de la propuesta del gobierno, aunque dejó claro que rechaza la declaración de servicios mínimos que hizo el Poder Ejecutivo y anunció que la objetará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Detrás de esa reunión hay un conflicto que se arrastra de forma intermitente desde el año pasado y que gira en torno a la negociación de un nuevo convenio colectivo, ya que el anterior fue firmado hace cuatro años. Para TCP, la clave es tener certeza cuanto antes sobre el plazo del entendimiento, porque, según sostuvo la empresa, el cambio permanente de las posturas del sindicato al respecto genera incertidumbre; Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, calificó esa «técnica de negociación» de inaceptable. Por el lado del Ministerio de Trabajo, la directora de Trabajo, Marcela Barrios, dijo a El País que la fórmula del gobierno también contempla un acuerdo a cinco años.

El conflicto tiene raíces largas. La concesión de la terminal especializada en contenedores a Katoen Natie comenzó en 2001, cuando el gobierno del entonces presidente Jorge Batlle subastó las acciones de lo que se transformaría en una empresa de capitales privados y públicos, y, según el artículo, el gobierno anterior renovó esa concesión hasta 2081. La semana pasada, una asamblea de SUPRA autorizó a sus directivos a declarar un paro general de 48 horas contra los servicios mínimos. El 14 de setiembre, El País publicó que Katoen Natie evalúa posibles acciones civiles contra el Estado y el sindicato en reclamo por la afectación de su imagen y las pérdidas que el conflicto le generó, y la Confederación de Cámaras Empresariales señaló en un comunicado, también la semana pasada, que en lo que va del año hubo 44 días en los que la operativa de la terminal de contenedores se vio interrumpida.

Por ahora, el puerto funciona con la normalidad que permiten los servicios mínimos establecidos por el Poder Ejecutivo, que obligan a TCP a asegurar la carga y descarga de buques, la recepción de 25 contenedores por hora y servicios de almacenamiento y depósito, con una dotación mínima de personal para cada tarea. Correa aseguró que se trabaja «normal», que el ingreso de 25 camiones por hora evita atascos —lo que, dijo, no pasaba cuando había más de 160 camiones— y que los muelles se atienden con dos grúas por embarcación, aunque de una manera «sensiblemente más lenta»; según el ejecutivo, todavía no se pueden sacar conclusiones tajantes respecto de una eventual pérdida de operaciones en Montevideo. En paralelo, Neltume, accionista mayoritaria de Montecon, presentó al gobierno este mes una propuesta para construir una segunda terminal de contenedores con una inversión de U$S 900 millones, a la que Katoen Natie ya hizo saber que se opone porque entiende que viola el acuerdo al que llegó con el Poder Ejecutivo en 2021.

Además de Reinaldo, hablaron con El País la directora de Trabajo, Marcela Barrios, y el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa. Barrios dijo que el ministerio «está validando los avances de la mesa y buscando acercar en los puntos donde persisten diferencias». Correa señaló que «tenemos una propuesta del Ministerio de Trabajo que contiene tres puntos sensibles, que es un camino del medio y cuyos costos estamos evaluando», y agregó que «no tenemos una posición formal hoy pero es una propuesta que no está fuera de lugar, tiene contenido». El subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, había dicho que «la huelga más efectiva, nos guste o no nos guste, es aquella que causa mayor grado de perturbación», declaraciones que molestaron a la empresa porque entendió que avalaban la postura sindical; Correa prefirió después calmar las aguas: «Lo que pasó, pasó. Es una situación superada. El ministerio está en el proceso de buscar una solución. Se lo reconocemos. Estamos todos trabajando». Desde la oposición, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez advirtió en X que hay empresas transportistas que están llevando sus camiones con mercadería a los puertos de Brasil para evitar Montevideo, sostuvo que el conflicto se ha estirado «por capricho del corporativismo sindical» y acusó al ministro de Trabajo, Juan Castillo, de ser cómplice de esa situación.