La Unesco respaldó en el Parlamento el proyecto de publicidad oficial y pidió reforzar la independencia del órgano de control

Según informa Sociedad Uruguaya, la Unesco respaldó el proyecto de ley sobre producción, planificación, contratación y distribución de la publicidad oficial que se analiza en el Parlamento uruguayo. El respaldo lo transmitió Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de la Unesco en Montevideo, durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes el 14 de octubre, cuando sostuvo que la iniciativa constituye un avance significativo y necesario para el país y que se alinea con los estándares internacionales sobre libertad de expresión, pluralismo y transparencia. Entre los aspectos que la delegación valoró del articulado figuran la prohibición del uso discriminatorio de la publicidad oficial y la incorporación de principios de transparencia, objetividad, imparcialidad, veracidad, eficiencia y austeridad. También destacó las obligaciones de transparencia activa previstas, que permitirían acceder a información sobre presupuestos, planes de inversión, contrataciones, destinatarios y ejecución de los recursos, así como las obligaciones de transparencia para las agencias y otros actores involucrados, los criterios objetivos de asignación, la regulación de la publicidad electoral y la previsión de financiar y producir estudios sobre audiencias y consumos mediáticos.

Ese último punto conecta con el diagnóstico de fondo que la delegación llevó a la comisión: según expuso, Uruguay carecía de una regulación integral y específica sobre publicidad oficial, una situación que deja márgenes de discrecionalidad en la asignación de recursos públicos a los medios de comunicación. Por eso consideró relevante establecer reglas legales claras para la producción, contratación y distribución de estas campañas. Fernández Polcuch señaló además que los datos disponibles sobre publicidad oficial en el país se encuentran dispersos, son incompletos y resultan difíciles de consultar, y que existen carencias en el diagnóstico sobre audiencias y consumos mediáticos.

A nivel regional, la Unesco ya había respaldado el abordaje del tema: su Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) apoyó un estudio del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM) sobre publicidad oficial, medios y libertad de expresión, con un análisis comparativo de once países latinoamericanos entre ellos Uruguay, según la publicación difundida por Naciones Unidas México. El proyecto que se discute en el Parlamento ya incorpora una cuota mínima del 30 % para los medios del interior y asigna un papel relevante a la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE) en la supervisión, dos puntos sobre los que la Unesco planteó observaciones.

Aunque respaldó la iniciativa, la organización planteó aspectos que, a su entender, podrían fortalecerse. Uno es extender expresamente los principios de la regulación a los gobiernos departamentales y municipales, de modo que las campañas de alcance subnacional también queden sujetas a criterios de transparencia y no discriminación. Sobre la distribución entre medios de Montevideo y del interior, valoró la cuota del 30 % porque puede contribuir al pluralismo, pero advirtió que los porcentajes fijos deberían aplicarse junto con criterios objetivos relacionados con la audiencia, la pertinencia y el alcance de cada campaña. La principal observación estuvo en la independencia del organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la futura normativa. Fernández Polcuch sostuvo que los estándares internacionales recomiendan mecanismos de supervisión con garantías institucionales de independencia, transparencia y rendición de cuentas, y consideró que, pese al papel relevante que el proyecto asigna a la ARCE, esas garantías podrían reforzarse; mencionó a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) como referencia a considerar, aunque expresó dudas sobre si cuenta con el grado de independencia requerido, y se comprometió a buscar ejemplos de buenas prácticas en otros países y remitirlos a la comisión. La delegación fundamentó el planteo en que la supervisión no debería limitarse a controlar procedimientos administrativos, sino también contemplar la protección del pluralismo, la comunicación y el derecho humano a la libertad de expresión. La comisión agradeció la comparecencia y expresó interés en recibir documentación complementaria, en especial sobre experiencias internacionales de organismos de supervisión independientes.

En la instancia también intervino el diputado Pablo Inthamoussu (Frente Amplio), quien señaló que el propósito de la iniciativa no es establecer un subsidio para los medios, sino asegurar que los recursos públicos destinados a publicidad cumplan su función comunicacional y lleguen efectivamente a la población. Al cerrar su exposición, Fernández Polcuch calificó la propuesta como un proyecto cercano a un modelo de referencia, con pocas observaciones por parte de la organización, y manifestó su expectativa de que una iniciativa de estas características pueda impulsar avances legislativos en otros países de América Latina y el Caribe.