La CIU pide retirar el artículo 140 del proyecto de competitividad y advierte por cierre de empresas y salida de marcas nacionales

Según informa El Observador, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) pidió formalmente que se elimine el artículo 140 del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, la iniciativa impulsada por el Gobierno que ya cuenta con la aprobación del Senado y se encuentra a estudio de la Cámara de Diputados. La gremial industrial sostiene ese pedido en un documento propio que reúne 12 argumentos contra la disposición, señalada como uno de los puntos centrales y más controvertidos del proyecto. El artículo 140 —originalmente el 141— propone instaurar un régimen simplificado para el registro de productos con vigilancia técnica y/o sanitaria, entre ellos alimentos, cosméticos, domisanitarios, medicamentos de uso veterinario y fitosanitarios, cuando ya cuenten con un registro previo realizado por un tercero. El mecanismo eliminaría la exigencia de presentar un dossier completo, certificados de libre venta o la autorización previa del fabricante o primer registrante. La CIU no solo pidió retirar el artículo: también planteó que, si no se elimina, se lo desglose para discutirlo en un ámbito separado.

El rechazo de la CIU se apoya en el impacto que, según la gremial, la medida tendría sobre la estructura productiva local. Reducir los costos de importación sin corregir antes los sobrecostos que enfrenta la industria —energía eléctrica, combustibles, salarios, logística e impuestos, a los que el documento suma servicios estatales deficientes pese a la elevada presión fiscal— expondría al sector a lo que describe como una "competencia completamente asimétrica". A eso agrega que las importaciones provendrían principalmente de países de la región con costos más bajos, regulaciones "menos costosas y más laxas" y estándares laborales y ambientales no comparables a la realidad local, mientras que los principales mercados de exportación de Uruguay no otorgan facilidades de registro a segundos importadores. En la misma línea, el documento sostiene que países con estándares sanitarios, ambientales y laborales similares a los uruguayos mantienen reglamentaciones "más restrictivas", como la que rige actualmente en el país. Y para la CIU, permitir que un tercero se adhiera a un registro ya aprobado desconoce la inversión en desarrollo comercial, análisis, registros y certificaciones del primer registrante, y le otorga una "ventaja injusta" al importador paralelo, que podrá ofrecer un precio menor "apropiándose directamente de la inversión ajena".

El artículo en cuestión no nació con esa numeración: el texto que hoy figura como 140 era originalmente el 141 dentro del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida. La iniciativa ya pasó por el Senado y ahora está en manos de la Cámara de Diputados, instancia ante la cual la CIU formalizó su planteo. El propio El Observador ya había informado antes sobre el cuestionamiento de la gremial al impacto de esta medida sobre la estructura productiva local.

Las advertencias de la CIU van más allá del trámite parlamentario. Según el documento, si la simplificación abaratara las primeras marcas, crecería la presión de precios sobre los competidores locales de menores precios —en general proveedores de marcas nacionales que "ya se encuentran en su piso de rentabilidad"—, lo que los forzaría a salir del mercado y, con el tiempo, concentraría la oferta en pocas empresas. Esa concentración, agrega, aumentaría la dependencia de los precios del exterior y expondría al mercado uruguayo a la volatilidad y los vaivenes de "macroeconomías inestables como las de Argentina y Brasil". La gremial también advierte por una caída de la inversión y el empleo de fabricantes y distribuidores locales, con impacto en la cadena de proveedores de tecnología, medios, logística, publicidad, agencias de promoción y POP; por la llegada de "importadores de oportunidad" que compran en mercados secundarios —saldos, productos con otros estándares o stocks próximos a vencer— sin garantías de trazabilidad ni control sanitario, con el consiguiente riesgo reputacional para la marca y para la empresa local o representante oficial; y por sistemas de control estatal que, a su juicio, "no están suficientemente maduros y fortalecidos" para atender esos casos. Por el tamaño reducido del mercado, sostiene, Uruguay quedaría como "destino ideal para la liquidación de excedentes" de la región o de Asia, desplazando a bienes nacionales que "no tienen margen estructural para competir contra esos precios de liquidación". Por último, el documento afirma que consultas iniciales con empresas industriales revelan una preocupación importante, al punto de que varias consideran la posibilidad de "acelerar procesos de cerrar operaciones o líneas de producción en el país" si la normativa se aprueba.

La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), que expuso su posición en un documento propio con 12 argumentos contra el artículo 140 y pidió su eliminación o su desglose. Las declaraciones recogidas corresponden a la gremial como institución, sin voceros identificados con nombre y apellido.