El BCU defendió el sistema de finanzas abiertas del proyecto de Ley de Competitividad: "No hay que confundir la forma con el contenido"

El Banco Central del Uruguay (BCU) abordó el sistema de finanzas abiertas incluido en el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, que ya recibió media sanción en el Senado y está en discusión en la Cámara de Diputados. La gerenta de la Asesoría Jurídica del BCU, Viviana Pérez, explicó que las finanzas abiertas permiten a los usuarios financieros compartir sus datos para agilizar procesos y facilitar el acceso a servicios bancarios y otros productos financieros, y que los usuarios podrán autorizar el intercambio de sus datos entre instituciones pero no estarán obligados a hacerlo.

Los asuntos vinculados al sistema de finanzas abiertas fueron abordados en las XV Jornadas de Derecho Bancocentralista, realizadas en la sede del BCU, por el abogado asesor de la institución Daniel Artecona y la gerenta de la Asesoría Jurídica, Viviana Pérez. Cuatro artículos del proyecto no alcanzaron la unanimidad en el Senado, vinculados a la reciprocidad, la obligatoriedad de la interoperabilidad, los umbrales de gratuidad y la integración de datos del sector público.

El proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida ya recibió media sanción en el Senado y está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados. Durante la discusión parlamentaria, cuatro artículos no reunieron unanimidad en el Senado: uno refiere a la reciprocidad, es decir, a la posibilidad de que el Central la imponga a los participantes del sistema; otro plantea si la interoperabilidad debe ser obligatoria; también hubo diferencias sobre la gratuidad de los servicios y los umbrales establecidos para acceder a ella, que quedaron definidos en la ley y no podrán ser modificados por el BCU mediante la reglamentación; y otro punto se refiere a la integración de datos del sector público. Otra modificación introducida durante la discusión parlamentaria fue la eliminación de la facultad del BCU de establecer reglamentariamente distintos criterios de responsabilidad entre los participantes, cambio que, según lo explicado en las jornadas, busca evitar diferencias de tratamiento que puedan perjudicar a los usuarios.

A partir de la información compartida, las instituciones podrán ofrecer productos y servicios adaptados a las necesidades de los usuarios, según se expuso. Quienes no autoricen el intercambio de sus datos podrán seguir utilizando el sistema financiero por las vías tradicionales: el consentimiento no será una condición para acceder a esos servicios, aunque el BCU espera que su uso se extienda. Pérez sostuvo que el proyecto no modifica las normas sobre secreto bancario y que el consentimiento es esencialmente revocable. El alcance de las finanzas abiertas no se limita al usuario final, sino que también comprende a los comercios. En cuanto a los activos virtuales de valor, Artecona señaló que la novedad del proyecto es que los incorpora a la categoría de activos escriturales y consideró que Uruguay tiene ahora un gran desafío regulatorio allí, dado que debe lograr que la incorporación de la tokenización funcione en el mercado de valores en un marco de mayor certidumbre.

La gerenta de la Asesoría Jurídica del BCU, Viviana Pérez, rechazó que el sistema de finanzas abiertas implique un mecanismo de vigilancia generalizada sobre los usuarios. "¿Este intercambio de información es un 'Gran hermano'?", se preguntó Pérez. "No, no hay que confundir la forma con el contenido", se respondió, y fundamentó que la interfase y la interoperabilidad es la herramienta digital que facilita y permite el funcionamiento del sistema de finanzas abiertas, pero que, desde el punto de vista del contenido, es decir, los datos personales, solo se van a compartir los que autorice el titular en forma expresa y debidamente informada, según la Ley 18.331. El abogado asesor de la institución, Daniel Artecona, consideró sobre la tokenización que "la legislación actual en la materia es buena, pero hay que complementarla con alguna norma que le dé la especificidad que merece", y advirtió que la regulación de los activos virtuales puede resultar compleja cuando estos instrumentos ya están comprendidos en otras leyes, lo que exige coordinar los distintos marcos normativos.