Federación Rural cuestiona la ampliación de áreas protegidas y advierte pérdidas de hasta U$S 9 millones anuales
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18/11/2026, 2:11:14 p. m.
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Resumen
El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, cuestionó el proceso del Ministerio de Ambiente para ampliar las áreas protegidas y advirtió por el impacto económico sobre las zonas productivas que se incorporen al sistema. Estimó pérdidas de entre siete y nueve millones de dólares anuales y una caída del valor de la tierra en las 67.000 hectáreas del área de Casupá, el caso que tomó como ejemplo. También objetó que se impulse la creación de esa área protegida mientras el estudio de impacto ambiental de la represa sigue en elaboración.
Según informa Radio Carve, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, cuestionó el proceso que impulsa el Ministerio de Ambiente para ampliar las áreas protegidas del Uruguay y advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y productivas de incorporar zonas de actividad agropecuaria a ese sistema. El dirigente se expresó en el espacio Fogón ambiental de la emisora, donde aclaró que el gremio no se opone a la conservación de áreas de valor natural, pero considera que las incorporaciones deben estar justificadas por criterios ambientales y no avanzar sobre zonas productivas sin evaluar antes sus consecuencias. Para graficarlo, Normey se refirió al proyecto de área protegida en la cuenca de Casupá, vinculado a la eventual construcción de una represa para el abastecimiento de agua potable. Según señaló, existe una contradicción en delimitar un área protegida sobre la misma cuenca donde se proyecta levantar una represa que implicaría inundar unas 450 hectáreas de monte nativo.
El eje de la objeción que planteó el presidente de la Federación Rural está puesto en el orden en que se están tomando las decisiones: cuestionó que el Ministerio de Ambiente impulse la creación de esa área protegida mientras todavía se encuentra en elaboración el estudio de impacto ambiental del proyecto de represa. A su entender, se están adelantando decisiones antes de contar con los resultados técnicos necesarios, y esa superposición entre la protección del área y la obra prevista es la que lo llevó a plantear el caso públicamente. A eso sumó sus reparos ya expresados sobre la viabilidad económica de la represa de Casupá, cuyo costo de obra civil se estima en 130 millones de dólares, sin contemplar otras intervenciones necesarias como caminería, puentes, infraestructura eléctrica y la remoción de monte nativo.
El punto de partida del planteo es el mapa actual del sistema: de acuerdo con lo consignado por Radio Carve, Uruguay cuenta con 22 áreas protegidas, que abarcan el 1,17% del territorio nacional, unas 268.000 hectáreas terrestres y 105.000 hectáreas marinas. Sobre esa base, el Ministerio de Ambiente trabaja en una propuesta que busca incrementar la superficie comprendida, en un proceso con horizonte hasta 2035. En paralelo se ubica el proyecto de la cuenca de Casupá, el caso que el dirigente tomó como ejemplo de las tensiones entre conservación y producción, y que la Federación Rural ya había observado por su costo y por las obras complementarias que la represa requeriría más allá de la obra civil.
En materia económica, Normey advirtió que las restricciones a las actividades productivas podrían generar un lucro cesante importante para los establecimientos de la zona: estimó las pérdidas entre siete y nueve millones de dólares anuales, a lo que se sumaría una eventual caída en el valor de la tierra de las aproximadamente 67.000 hectáreas comprendidas en el área. Los costos asociados a las medidas de protección, sostuvo, deben ser asumidos por el proyecto que las requiere y no trasladados a los productores. El propio dirigente se encargó de marcar los límites de su posición: defendió el modelo agropecuario uruguayo y destacó que el campo natural representa alrededor del 55% del territorio nacional y que la superficie de monte nativo ha aumentado sin necesidad de estar comprendida dentro de áreas protegidas. De todas formas, reconoció que existen desafíos ambientales que requieren soluciones, entre ellos la contaminación de los cursos de agua y la presencia de especies invasoras en los montes nativos, y mencionó los niveles de fósforo en los ríos Yi y Santa Lucía. Sobre ese punto sostuvo que los problemas no pueden atribuirse exclusivamente a la actividad agropecuaria, ya que también existen impactos vinculados a las ciudades, y planteó que la respuesta debe surgir de un trabajo conjunto entre el sector productivo, las instituciones académicas y los organismos públicos, con herramientas que permitan mejorar la sostenibilidad sin comprometer el desarrollo de la producción.
Rafael Normey, presidente de la Federación Rural, es la única voz citada en el material. Además de cuestionar el avance sobre zonas productivas y el orden de las decisiones, planteó que la respuesta a los desafíos ambientales debe surgir de un trabajo conjunto entre el sector productivo, las instituciones académicas y los organismos públicos, y defendió el modelo agropecuario uruguayo frente a la ampliación del sistema de áreas protegidas.
Documentos y fuentes
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Mencionados en esta nota: Casupá, Federación Rural, Ministerio de Ambiente, Rafael Normey