El Partido Nacional prioriza un acuerdo para plebiscitar los allanamientos nocturnos y no descarta juntar firmas si el FA se opone

Según informa El Observador, el Partido Nacional prioriza cerrar un acuerdo en el sistema político para plebiscitar los allanamientos nocturnos, aunque mantiene "arriba de la mesa" la opción de salir a juntar firmas si el Frente Amplio se opone. La jugada la empuja Alianza País, el sector que lidera el senador Javier García, que puso el tema en el congreso de julio del grupo y anunció que le había pedido a Carlos Daniel Camy que liderara los diálogos con todo el sistema político para someter la iniciativa a votación en una instancia específica, alejada de las elecciones. Lo que se persigue, dijo García al medio, es "descontaminar" la discusión y que la gente resuelva sin que el evento coincida con la votación a presidente y legisladores, algo que suele acaparar la atención y que además genera una logística particular, con los plebiscitos enganchados al ensobrado de las listas que hacen los sectores. Consultado por El Observador, el senador enfatizó en que la recolección de firmas sigue siendo una alternativa viva: "Si hay que juntar firmas las juntaremos", subrayó.

La apuesta por el camino del acuerdo no es casual. Al igual que en 2024, los nacionalistas van por la opción prevista en el literal D del artículo 331 de la Constitución, que habilita reformar la carta magna mediante una "ley constitucional" que necesita el apoyo de dos tercios de cada una de las cámaras; una vez aprobada la ley, se convoca al plebiscito. La elección de ese mecanismo apunta, según García, a separar la discusión de la contienda electoral. Detrás del empuje hay un dato que la nota original subraya: la seguridad se instaló como la principal preocupación de la ciudadanía, y eso llevó a los blancos —y en particular al sector Alianza País— a intentar que la tercera sea la vencida.

El tema tiene recorrido. La posibilidad de habilitar que se realicen allanamientos durante la noche ocupó un lugar preponderante en las últimas dos campañas electorales: primero estuvo entre los cuatro puntos de la reforma "Vivir sin miedo" que impulsó Jorge Larrañaga y después fue recogida en 2024 por Carlos Daniel Camy, uno de sus lugartenientes. Ambos plebiscitos fracasaron. En el escenario actual, los blancos cuentan con el apoyo de los colorados y del Partido Independiente, y le trasladaron el tema al presidente Yamandú Orsi, que les respondió que estaba dispuesto a analizarlo. En paralelo, el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone propuso conformar una comisión bicameral para recibir delegaciones y analizar la conveniencia de la medida: la intención es que dure poco, dos o tres meses, y que implicados y especialistas puedan dar su opinión antes de avanzar hacia el plebiscito.

Esa propuesta recibió el visto bueno de blancos, colorados e independientes, pero la reacción del oficialismo fue fría, y ese punto es decisivo: como la ley constitucional exige dos tercios de cada una de las cámaras, los votos del Frente Amplio son imprescindibles para aprobar la iniciativa. Si el acuerdo no prospera, los blancos ya avisaron que queda el otro camino, el literal A del artículo 331 de la Constitución, que exige reunir las firmas del 10% de los inscriptos en el Registro Cívico pero que, a diferencia de la ley constitucional, lleva la votación a "la elección más inmediata": en este caso, las elecciones de 2029. García planteó que la idea principal es acordar entre todos y no tener que llegar a esa instancia, la misma que recorrió Larrañaga en 2019.

El senador Javier García fue el principal vocero de la iniciativa y también el más duro con la oposición. Sostuvo que hay una oportunidad de encontrar "acuerdos amplios y rápidos" y de tener en meses la "posibilidad para la policía y la justicia", y afirmó que "en medio de una emergencia de violencia y con control narco de barrios solo la ideología retrógrada puede negarlos. Proponemos trabajar juntos pero si el oficialismo se niega no podrá detener que empujemos para que se habiliten". A juicio del legislador, los dirigentes del Frente Amplio pueden negar su apoyo pero "no pueden impedir a la gente que vote": "La ideología no está por encima de la seguridad pública. Es entre los derechos humanos de la gente o la ideología de algunos", sentenció. Del otro lado, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, afirmó que "la ciudadanía ya se expidió sobre ese instrumento" y que "nosotros pensamos que el camino no es comenzar a discutir cosas generales que terminan siendo una ilusión en términos de resolver los problemas", mientras que el coordinador de la bancada frenteamplista de diputados, Alejandro Zavala, dijo que tenían otras prioridades. Gustavo Salle, en tanto, ha dicho que no vota.