El 4º Congreso Uruguayo de Derecho Ambiental reúne a especialistas y debate el proyecto de ley de delitos ambientales

El 4º Congreso Uruguayo de Derecho Ambiental reúne a especialistas nacionales e internacionales en una agenda de más de 20 conferencias que se extiende hasta el 15 de octubre, con el Ministerio de Ambiente como organizador junto a instituciones académicas y profesionales. El encuentro es, en los términos que planteó la propia cartera al anunciarlo, un espacio de intercambio y reflexión sobre los desafíos jurídicos que plantea la protección del ambiente y su vínculo con los derechos humanos y el desarrollo sostenible, y convoca a representantes de la administración pública, estudios jurídicos, la academia y la sociedad civil. Entre los temas previstos aparecen el cambio climático, la diversidad biológica, la protección de los humedales, la economía circular y los delitos ambientales. La lista se completa con los vínculos entre ambiente y derechos humanos, la producción y el comercio, el ordenamiento territorial, los procesos colectivos, el acceso a la justicia, la perspectiva de género y las negociaciones ambientales internacionales.

Detrás de esa agenda hay una apuesta explícita a la formación jurídica como vía para mejorar la aplicación de las normas ambientales. El ministerio sostuvo que el congreso busca contribuir al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de las capacidades institucionales y profesionales necesarias para afrontar los desafíos ambientales actuales y futuros. En el mismo sentido, el programa incorpora cambios normativos que están en discusión, como el régimen ambiental aplicable a las plantaciones forestales y a los proyectos energéticos, la nueva reglamentación sobre humedales de importancia ambiental y la Responsabilidad Extendida del Productor. El marco internacional también ordena parte de las exposiciones: los organizadores ubican el debate en una agenda global en evolución, marcada por pronunciamientos de tribunales sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático y la protección de los derechos humanos, y por la implementación del acuerdo sobre biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

El eje central del encuentro es el 21º Coloquio de Derecho Ambiental, dedicado al proyecto de ley de delitos contra el ambiente que está a consideración del Parlamento. La iniciativa fue remitida originalmente por el Poder Ejecutivo en 2017, a partir de un trabajo conjunto de la entonces Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Fiscalía de la Nación, y recibió sanción del Senado en 2024. El Ministerio volvió a presentar el proyecto con ajustes que incorporan informes y comentarios realizados durante su tratamiento, según el relato de la cartera. El coloquio, que llega a su vigésimo primera edición, concentra por eso la atención sobre el estado de ese texto, mientras el resto de las jornadas repasa los frentes normativos que la cartera considera abiertos: la protección de las aguas, la gestión de los residuos, la conservación de la biodiversidad, la evaluación de impacto ambiental y el cambio climático aparecen, en la enumeración del propio Ministerio, entre los avances de los últimos tiempos.

El congreso apunta a dejar capacidades instaladas: formación de profesionales, estudiantes, operadores de Justicia y gestores ambientales, según lo planteó el Ministerio al presentar la actividad. Mientras se desarrollan las jornadas, el proyecto de ley de delitos contra el ambiente continúa a consideración del Parlamento, y la cartera afirma que la propuesta busca fortalecer las herramientas legales para enfrentar los delitos ambientales y mejorar la protección de los ecosistemas. Varios de los temas de la agenda —los humedales de importancia ambiental, las plantaciones forestales, la Responsabilidad Extendida del Productor y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea— remiten a reglamentaciones y negociaciones que siguen su propio curso.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, destacó el valor académico de la iniciativa y su contribución a la formación de profesionales, estudiantes, operadores de Justicia y gestores ambientales. «Esta actividad es una especial oportunidad académica para la difusión del Derecho Ambiental y su estudio», afirmó, y señaló que reúne a representantes de la administración pública, estudios jurídicos, la academia y la sociedad civil. Ortuño también subrayó el desempeño normativo de la cartera: «el Ministerio, especialmente en el último año, ha tenido un especial desempeño en los aspectos normativos, con significativos avances en temas muy trascendentes, como la protección de las aguas, la gestión de los residuos, la conservación de la biodiversidad, la evaluación de impacto ambiental y el cambio climático». Sobre el proyecto de ley de delitos ambientales explicó que «la propuesta busca fortalecer las herramientas legales para enfrentar los delitos ambientales y mejorar la protección de los ecosistemas», y puso el acento en la capacitación: «Operadores del Derecho capacitados aseguran una mejor aplicación de la legislación y del sistema de protección del ambiente en general».