El Poder Ejecutivo fijó metas para la cárcel de Las Rosas: cero homicidios y subir del 14,9% la participación en educación y trabajo

Según informa Punta News, un decreto del Poder Ejecutivo firmado el 8 de octubre fijó nuevas metas de gestión para la Unidad N.º 13 de Maldonado, la cárcel de Las Rosas, y ató su cumplimiento a compensaciones económicas para las autoridades penitenciarias. Se trata del Decreto N.º 233/026, que aprueba el Compromiso de Gestión entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para el período comprendido entre enero y diciembre de 2026; su anexo detalla las metas de cada unidad y los resultados de 2025 que se tomarán como referencia para evaluarlas. En el caso de Las Rosas, los datos que el medio atribuye al documento oficial indican que durante 2025 la unidad registró un homicidio, 14 personas privadas de libertad hospitalizadas por lesiones autoinfligidas o producidas en incidentes violentos, y un promedio anual de 14,9% de reclusos que alcanzaron un mínimo de 72 horas mensuales de educación o trabajo, uno de los registros más bajos del país bajo ese criterio. Ese último indicador concentra el 70% de la evaluación económica de la dirección de la unidad, mientras que los objetivos de homicidios, suicidios y lesiones reparten el 30% restante, 10% cada uno.

El decreto se inscribe en el régimen de compromisos de gestión del Ministerio del Interior, que vincula el cumplimiento de objetivos con compensaciones económicas y una remuneración extraordinaria para los responsables de las unidades penitenciarias. La información publicada no detalla un motivo adicional para la firma del 8 de octubre: el mecanismo descripto es el que el Ministerio ya aplica para evaluar la gestión de sus establecimientos. Bajo esa lógica, los beneficiarios son quienes efectivamente desempeñan las funciones comprendidas en el compromiso, incluidos los subrogantes cuando corresponde, y quien tenga a cargo dos establecimientos o dos funciones dentro de una misma unidad percibirá la partida de mayor valor. Las metas se miden con los resultados de 2026, pero el pago se concreta una vez al año, después de verificar su cumplimiento.

Los números de 2025 que el anexo toma como línea de base ubican a Las Rosas en una posición incómoda dentro del sistema. La unidad figura entre las seis que registraron homicidios el año pasado: la Unidad 4B de Santiago Vázquez, de máxima seguridad, sumó ocho; la Unidad 3 de Libertad, tres; la Unidad 4D, dos; y las unidades 1 de Punta de Rieles y 12 de Rivera, uno cada una. En hospitalizaciones por lesiones, el registro de Maldonado, 14 casos, iguala al de la Unidad 4D y queda por debajo de la Unidad 3 de Libertad (41), la Unidad 12 de Rivera (22) y la propia 4B (17); el indicador contempla únicamente los casos que requirieron internación de al menos 24 horas. En educación y trabajo la distancia es mayor. La Unidad 2 de Canelones promedió 93,5%; la Unidad 10 de Juan Soler, 81%; la Unidad 6 de Punta de Rieles, 74,2%; y la Unidad 18 de Durazno, 65,6%. En departamentos vecinos, la Unidad 17 de Lavalleja llegó a 37% y la Unidad 22 de Rocha a 50%. Con su 14,9%, Las Rosas quedó entre los cinco establecimientos con los porcentajes más bajos de participación educativa y laboral: solo registraron valores inferiores la Unidad 25 (1,6%), la Unidad 4A de Santiago Vázquez (11,9%) y la Unidad 4B del mismo complejo (12,8%). Las Rosas no aparece, en cambio, entre las unidades con suicidios en 2025, por lo que su valor de referencia es cero.

Sobre esa base, el compromiso fija tres resultados posibles por meta. Si Las Rosas cierra 2026 sin homicidios, la dirección accede al 100% de la compensación correspondiente; con un homicidio, como en 2025, el reconocimiento baja al 50%; con dos o más, no se abona la partida. El mismo esquema rige para las lesiones —13 casos o menos habilitan el 100%, mantener los 14 deja el 50% y superarlos implica perder el incentivo— y para los suicidios, donde el 100% exige mantener el cero, el 50% se otorga con un caso y el 0% con dos o más. La letra del decreto agrega obligaciones que no dependen de los resultados. Para las tres metas de seguridad se exige al menos un taller anual de sensibilización sobre prevención y tratamiento de la violencia en contextos penitenciarios, con contenidos como prevención de conflictos, gestión de personas privadas de libertad de alto riesgo, coordinación de equipos, intervención penitenciaria y programas de preparación para el egreso; si esos talleres no se realizan, la partida no se cobra aunque el indicador se haya cumplido. En el plano administrativo, el equipo de dirección debe presentar un Plan Operativo Anual (plazo 31 de marzo), un informe de avance (24 de julio) y una evaluación final (20 de diciembre), además de reportes mensuales al Área de Planificación Estratégica del INR dentro de los tres primeros días hábiles de cada mes, con el cierre de diciembre de 2026 como excepción: ese informe vence el 4 de enero de 2027. El control quedará en manos de una Comisión de Seguimiento y Evaluación integrada por representantes de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, del Área de Política Institucional y Planificación Estratégica y del INR, que deberá evaluar la documentación y emitir su informe dentro de los 45 días siguientes a cada vencimiento. Los resultados pasan luego a la Comisión de Compromisos de Gestión y el Ministerio del Interior debe publicarlos en su página web una vez finalizada la evaluación. El texto admite, además, modificaciones de las metas por circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor ajenas al control del Ministerio, siempre que se cumpla el procedimiento de autorización previsto.