El gobierno apunta a 3.000 alquileres sociales y precios topeados de $15.000 a $23.000, según Di Candia

Según informa El País, el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, aseguró que el gobierno que lidera Yamandú Orsi tiene una estrategia para bajar el precio de los alquileres y también el costo al que las familias de ingresos bajos y medios pueden acceder a la compra de la vivienda propia. En una entrevista con En Clave País, el exintendente de Montevideo dijo que el gobierno debe tener una agenda que "intente resolver los problemas y dificultades que hoy tiene la sociedad", y ubicó el acceso a la vivienda entre esas dificultades. Su planteo, según el relato de la entrevista, es que "exista un mercado libre de alquileres pero también un mercado público de alquiler social", de modo que las familias "no tengan que hipotecar la cantidad de ingresos del núcleo familiar" que hoy colocan para acceder a una "vivienda digna". En ese marco, el subsecretario detalló los planes oficiales que ya están en marcha y los que todavía están en etapa de diseño.

El diagnóstico que sostiene esa estrategia tiene cifras concretas, siempre según las declaraciones recogidas por El País. "Hoy en Uruguay los sectores colocan de 25% a 28% de sus ingresos en el alquiler. En los sectores más bajos es casi el 40%", dijo Di Candia, que agregó que la cantidad de propietarios viene disminuyendo y la de inquilinos viene en aumento, un fenómeno que, a su juicio, no es exclusivo del país: "en general en el mundo entero, esto no es solamente un problema de Uruguay". De ahí su insistencia en que los estados "generen políticas que superen los períodos de gobierno", porque, argumentó, el mercado privado de viviendas "sigue existiendo porque siempre van a existir familias, personas o fondos que van a comprarlas", pero en paralelo "tenemos que garantizar que las generaciones más jóvenes, personas que quieren tener familia y no logran salir de un monoambiente o de un dormitorio, puedan tener opciones".

El antecedente que el propio subsecretario eligió para explicar ese tipo de políticas de largo plazo es el cooperativismo, que empezó décadas atrás y se ha ido puliendo, y que a su juicio permitió construir "decenas de miles de viviendas que están fuera del mercado especulativo". Esas soluciones, dijo, no solo ofrecen un "acceso asequible" a una casa o un apartamento: también "garantizan la permanencia", porque se trata de vivienda propia. "Se queda sin trabajo y no queda sin vivienda, cosa que en el mercado sí sucede", apuntó. Sobre la Ley de Vivienda Promovida, que otorga exoneraciones impositivas a la construcción, evaluó que "logró aumentar el stock" pero "no disminuir los precios", por lo que tuvo "efectos positivos sobre el empleo, la inversión y la ciudad", aunque "no logró ser una llave de acceso" para los sectores de ingresos medios y bajos.

Los planes que el gobierno ya puso en marcha apuntan a cubrir ese hueco. Según detalló Di Candia, este gobierno dividió la vivienda promovida libre, pensada como una ley que promueve la inversión y el empleo, de una "vivienda promovida topeada", con precios topeados al mercado, en referencia al plan Entre Todos: allí el empresario privado invierte y construye a un "precio topeado" y el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) "da a las familias el 95% del crédito para la compra", mientras que, "en caso de que los ingresos no sean suficientes para el pago, el Ministerio de Vivienda subsidia hasta un 30% del pago de esa cuota al BHU". La idea, dijo, es garantizar el acceso a la vivienda propia "con un precio similar o menor al alquiler". Un segundo proyecto busca poner casas a la venta en Ciudad Vieja, mediante la construcción de edificios en suelos públicos hoy en desuso. "Se viene avanzando, estamos en la redacción por parte de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) con el llamado para los primeros padrones", informó, aunque advirtió que en paralelo se realizan "estudios de impacto arqueológico". La ecuación, explicó, incluye "suelo público, inversión privada, precios topeados y colocación de la demanda", con el llamado a las familias a cargo del Ministerio de Vivienda y no de los privados, y también formará parte del plan Entre Todos, por lo que el BHU prestará el 95% del costo a familias que no tengan otra vivienda: "No es vivienda que van a poder comprar familias que ya tienen vivienda", aseguró. En alquileres, en tanto, la meta es llegar hacia el final del período de gobierno a "3.000 soluciones de alquiler social", aunque el plan arrancó con un piloto de 74 en los departamentos de Montevideo, Tacuarembó y Artigas. En paralelo se están "licitando mil viviendas públicas más", que estarán en "20 edificios en todo el país": son viviendas construidas por el Estado y alquiladas directamente por el Estado, con un precio máximo de $15.000 para un dormitorio, $19.000 para dos y $23.000 para tres. "Es el máximo porque está sujeto a los ingresos de las familias, pueden obtener subsidios sobre ese precio, que es considerablemente menor al del mercado", precisó. El último de los planes es el "alquiler social de vivienda privada", con un subsidio parcial del alquiler, que Di Candia prevé que esté pronto "sobre fin de año".

El subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia, exintendente de Montevideo, cuyas declaraciones en la entrevista con En Clave País son la única voz citada en el material.