El juicio contra Charles Carrera arranca el 16 de noviembre y el juez admite una prueba pedida por la defensa

Según informa El País, el juicio contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera comenzará el próximo 16 de noviembre, después de que el juez de Crimen Organizado de 1er Turno, Alejandro Asteggiante, admitiera este jueves una nueva prueba presentada por la defensa. Se trata de una resolución judicial que intimó al Ministerio del Interior a entregar información sobre las autorizaciones especiales para recibir asistencia en Sanidad Policial, un punto que la defensa considera central en la controversia. El documento fue incorporado al expediente durante la audiencia mediante su lectura. Había sido dictado el 7 de setiembre por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, en un proceso de acceso a la información pública que el abogado de Carrera, Juan Manuel González Rossi, promovió contra la cartera. Parte de ese expediente ya había sido admitido como prueba para el juicio penal, de acuerdo con el relato del medio.

La defensa explicó que la resolución le fue notificada después del control de acusación, la instancia en la que se discutieron las pruebas que podrán utilizarse durante el juicio. La abogada Lucía Fernández sostuvo que el documento había sido adjuntado al escrito presentado el 14 de octubre y que se había cumplido con su comunicación; terminó siendo entregado a Fiscalía en el momento de la audiencia. Fiscalía cuestionó inicialmente no haber tenido acceso previo al documento y objetó que se tratara de prueba nueva, porque la existencia del expediente y su tramitación ya eran conocidas. Pese a la objeción, el equipo fiscal anticipó que no se opondría a la incorporación para no trabar el proceso, y el juez terminó admitiendo el ingreso de la resolución.

El expediente de fondo es bastante anterior a esta discusión procesal. La Fiscalía de Delitos Económicos, encabezada por Sandra Fleitas, acusa a Carrera por la asistencia que recibió en el Hospital Policial Víctor Hernández y por la entrega de tickets de alimentación cuando el exsenador era director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Hernández quedó parapléjico tras recibir un disparo en La Paloma en 2012 y fue atendido en el Hospital Policial entre 2013 y 2016. La acusación sostiene que Carrera ordenó esa atención y autorizó la entrega de tickets sin respaldo para hacerlo. La defensa lo niega: afirma que existían mecanismos para autorizar esas prestaciones, que la ayuda tuvo “carácter humanitario” y que la decisión de internar a Hernández no fue de Carrera sino del entonces ministro Eduardo Bonomi. La resolución que ahora se sumó al juicio tiene su propia historia: el pedido original de información comprendía 15 puntos —entre ellos, cómo se registraba a las personas que no estaban comprendidas en la cobertura habitual de Sanidad Policial, cuántas autorizaciones especiales se habían otorgado y bajo qué denominación figuraban sus beneficiarios—. Interior respondió que lo reclamado excedía “la pretensión planteada en la demanda”, y tras analizar los argumentos y la documentación el juez hizo lugar al pedido de González Rossi e intimó a la cartera a cumplir en un plazo de 60 días.

Con la prueba incorporada, la causa entra en la cuenta regresiva hacia el juicio oral del 16 de noviembre. En su acusación, la Fiscalía ya pidió que Carrera sea condenado a cuatro años de penitenciaría, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 1.000 Unidades Reajustables por fraude y utilización indebida de información privilegiada. El calendario, sin embargo, no está del todo cerrado: la defensa advirtió que la feria judicial podría partir el debate en dos.

Los abogados de Carrera fueron los que más hablaron de la marcha del proceso. Dijeron que quieren que el juicio se inicie “cuanto antes”, señalaron el impacto personal y laboral de una causa que lleva años abierta y plantearon que “no sería ideal que quedara dividido por la feria judicial”. Carrera describió el proceso como “humanamente desgastante” y manifestó su deseo de que el juicio pueda comenzar y terminar sin esa interrupción. Del otro lado, la Fiscalía —representada en la audiencia por la fiscal adscripta Romina Cabrera y por Valeria Bovio, de la Unidad de Litigación— sostuvo que no se opondría a la incorporación de la resolución “para no obstaculizar el proceso”.