La Justicia condenó al Ministerio del Interior a pagar USD 260.000 a las familias de los cuatro reclusos muertos en el Comcar

Según informa Teledoce, el Ministerio del Interior fue condenado a pagar USD 260.000 a las familias de los cuatro reclusos que murieron en el incendio registrado en el Comcar en diciembre de 2021. La sentencia, conocida este jueves, alcanza a ocho familiares indemnizados por daño moral y llega después de un proceso que los familiares describen como tortuoso, con un monto final menor al que esperaban. El fallo es de la jueza María Eugenia Ferrer, de acuerdo con el artículo del medio, que dice haber accedido a la sentencia. El hecho que originó el juicio ocurrió el 9 de diciembre de 2021: a las cinco y media de la madrugada se desató un incendio en la celda 35 del módulo 4 del penal, que provocó la muerte en el lugar de dos presos y quemaduras gravísimas en otros tres. Con el paso de los días, las muertes ascendieron a cuatro.

El fallo responsabiliza al Ministerio del Interior porque, según explicó a Telemundo el abogado Rodrigo Rolón, representante de las familias, la jueza entendió que el Estado tenía el deber de prever, ya que tenía vidas humanas bajo su cuidado. Para la magistrada, el incendio se produjo por causas edilicias y estructurales, y no por un hecho atribuible a los privados de libertad. En paralelo, el informe de Bomberos concluyó que el fuego se originó por un cortocircuito y que fue accidental, siempre de acuerdo con lo publicado por Teledoce.

Los familiares de los fallecidos iniciaron la demanda dos años después del incendio, contra el Ministerio del Interior y contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y el abogado describió el proceso como de “prácticamente cinco años de juicio”. El incendio en sí quedó documentado en un informe especial del Parlamento sobre el Comcar, subunidad 4C. Según el relato de Rolón, ASSE terminó excluida de la condena —un punto que la defensa evalúa discutir— y ambos organismos intentaron excluirse de la responsabilidad.

Con la sentencia, el Ministerio del Interior deberá pagar USD 260.000 a los ocho familiares. Para la defensa, el fallo llevó paz después de un proceso que califica de tortuoso, aunque evalúa apelar: “Los montos son sensiblemente menores a lo que nosotros habíamos reclamado inicialmente, como también lo que sucedió con la exclusión de ASSE; será materia de análisis”, dijo Rolón. El abogado reconoció que, en el conjunto, la cifra puede parecer abultada, pero sostuvo que por la muerte de un padre o un hijo la jueza fijó USD 50.000, un monto que considera más bajo de lo que debería ser. En su declaración, Rolón mencionó además una cifra de USD 265.000, que no coincide con los USD 260.000 informados en el artículo: una diferencia que el material no aclara.

El abogado Rodrigo Rolón, representante de las familias de las víctimas, es la voz que recoge el artículo, con declaraciones a Telemundo. Explicó el fundamento del fallo, señaló que sus dos defendidos están “muy consternados” y que la sentencia les da “un poco de paz”, y advirtió que los montos son menores a los reclamados. El razonamiento de la jueza María Eugenia Ferrer llega al lector a través de ese relato, no como una declaración propia de la magistrada.