Gobierno enviará al Parlamento un proyecto interpretativo para reconocer la nacionalidad uruguaya de ciudadanos legales nacidos en el extranjero

Según informa El Observador, el gobierno de Yamandú Orsi enviará al Parlamento un proyecto de ley interpretativo de la Constitución para reconocer la nacionalidad uruguaya de los ciudadanos legales nacidos en el extranjero. El anuncio lo hizo el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, en una conferencia de prensa en la que explicó que la iniciativa busca subsanar un problema que arrastran estos ciudadanos. Hasta ahora, la Constitución uruguaya establece que existen dos tipos de ciudadanos: los naturales y los legales. Los primeros, regulados en el artículo 74, son los hombres y mujeres nacidos en Uruguay, así como los hijos de padres o madres orientales, hayan nacido o no en el país, que se inscriban en el Registro Cívico. Respecto a los legales, el artículo siguiente, el 75, establece que tienen derecho a solicitar la ciudadanía legal los extranjeros que cumplan una serie de requisitos y realicen un trámite presentando su carta de ciudadanía.

En ese último universo quedan contemplados los inmigrantes que tramitan la ciudadanía uruguaya y son reconocidos como ciudadanos legales, pero no necesariamente como nacionales. Ese es un viejo reclamo que mantiene este grupo de ciudadanos desde hace años y que llegó, incluso, a organismos internacionales. Según señaló Díaz en la conferencia, ese no reconocimiento como nacionales, en función de una interpretación de la Constitución de la República hecha por Justino Giménez de Aréchaga, generaba un conjunto de inconvenientes prácticos, uno de los más conocidos relacionado con la expedición de los pasaportes, donde no se reconocía la nacionalidad de los ciudadanos legales uruguayos, lo que generaba y sigue generando problemas en el documento de viaje de estos compatriotas cuando se desplazan al exterior del país.

El prosecretario explicó que en algunos países no se reconoce la doble nacionalidad o ciudadanía, aunque no es el caso de Uruguay, por lo que los ciudadanos legales con pasaporte uruguayo se enfrentaban a la dificultad de contar con un documento de viaje que establecía la ciudadanía uruguaya pero no la nacionalidad, campo en el que figuraba el país de nacimiento. El proyecto de ley, de ser aprobado en el Parlamento, subsanaría ese error, pero no otro que ha traído problemas: el requisito internacional que empezará a regir en 2027 para todos los países que integran la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de que los pasaportes incluyan también un campo que especifique el lugar de nacimiento. Esto último, aclaró Díaz, no será solucionado con este proyecto de ley y no depende de lo que pueda hacer el Poder Ejecutivo.

"La ley no habla de pasaportes. La ley es una ley interpretativa de la Constitución. Como consecuencia de eso, una vez que se apruebe, en la emisión de los pasaportes dirá que tanto los ciudadanos naturales como legales son nacionales uruguayos. Punto", aclaró el prosecretario. Y adelantó que en 2027, cuando empiece a regir la exigencia de la OACI, Uruguay lo deberá cumplir "como corresponde, porque sino el documento de viaje no tendría ningún sentido". "Es decir, (el pasaporte) va a decir nacionalidad uruguaya, nacido en... el lugar que sea", advirtió, aunque aclaró que el pasaporte deberá ser "reconocido como tal" porque lo que el Estado uruguayo estará estableciendo allí, independientemente del lugar de nacimiento, es que el portador es un nacional uruguayo "y eso no lo puede discutir un extranjero". "Luego, si el Estado extranjero en función no de la nacionalidad sino del lugar de nacimiento habla de otra cosa, eso es otro problema", advirtió. La ley interpretativa no requiere de mayorías especiales, algo que sí está reservado para reformas constitucionales específicas o leyes relativas al sufragio y a la Corte Electoral.

El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien anunció el envío del proyecto y explicó sus alcances y límites. Consultado sobre el eventual apoyo que podría tener el proyecto en el Parlamento, Díaz estimó que todos los partidos políticos querrán resolver un problema que es de "justicia" y de "derechos humanos". "Asumimos como Poder Ejecutivo el compromiso de trabajar en una solución. Solo no lo puede resolver, porque requiere la intervención del Parlamento. Estamos reclamando la intervención del Parlamento en la resolución de este problema. Creo —o quiero creer, estoy convencido— que todos los partidos políticos quieren resolver este problema, porque, en definitiva, es resolver un problema que no tiene color político", señaló. Sin embargo, minutos después de que se conociera la noticia, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez adelantó que se opondría por "razones de constitucionalidad", ya que la carta magna "asigna significados muy distintos" a los conceptos de nacionalidad y ciudadanía. Para Rodríguez, el artículo 81 de la Constitución diferencia los conceptos de "nacionalidad y ciudadanía". "Si la nacionalidad no se pierde por naturalizarse en otro país, y la ciudadanía legal sí se pierde, evidentemente para la Constitución son cosas distintas, por ende, por ley no se pueden asemejar", estimó en diálogo con El Observador.