Una solicitada denuncia irregularidades en el convenio de la Intendencia de Paysandú con la hormigonera Ramyán
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27/9/2026, 3:51:26 a. m.
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Resumen
Una solicitada publicada por El Telégrafo (Paysandú) denuncia irregularidades en el convenio que la Intendencia de Paysandú firmó en 2021 con la hormigonera Ramyán, por una inversión anunciada de U$S 800.000. El texto, firmado por el Dr. Federico Álvarez Petraglia, cuestiona que el acuerdo se firmara sin Estudio de Impacto Ambiental y sin pasar por el Tribunal de Cuentas ni por la Junta Departamental de Paysandú. Todas las afirmaciones provienen de una única fuente y no pudieron confirmarse de forma independiente.
En una solicitada publicada por El Telégrafo (Paysandú), el Dr. Federico Álvarez Petraglia sostuvo que un nuevo pedido de acceso a la información pública sobre el convenio que la Intendencia de Paysandú firmó con la empresa hormigonera Ramyán deja a la vista una serie de irregularidades. El texto apunta al expediente 2021-3642 y reconstruye cómo se gestó ese acuerdo, presentado en público el 6 de setiembre de 2021 junto a autoridades departamentales con el anuncio de una inversión de U$S 800.000 y la promesa de varios puestos de trabajo. Según la solicitada, en ese expediente no hay ninguna misiva de la empresa pidiendo algo, presentándose o acreditando que fuera una hormigonera en funcionamiento, ni cuántos trabajadores tenía a su cargo. El primer documento que aparece, afirma el autor, es un informe del departamento general de obras fechado el 6 de agosto de 2021, un mes antes de que se promocionara el acuerdo, que da para adelante con la iniciativa. A lo largo de las páginas, agrega, los funcionarios describen a Ramyán como una empresa de larga trayectoria que venía a invertir en Paysandú, sin que sea posible saber de dónde salió esa información. El autor señala además dos puntos que considera no menores: que siendo una hormigonera el convenio se firmara sin un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pese a que este tipo de industrias está sometida a controles de la Dinacea, y que la empresa tampoco se comprometiera a obtenerlo. El lugar donde se pensaba instalar la industria, según la solicitada, era el padrón 165, sobre Camino de las Américas, en zona urbana de la ciudad y rodeado de vecinos y centros educativos.
Para el autor, todo esto es una muestra de que la transparencia del gobierno departamental que encabeza el Intendente Olivera sigue siendo una materia pendiente, y atribuye las fallas del expediente a esa falta de controles. La solicitada también cuestiona que el convenio no haya pasado por el Tribunal de Cuentas, ni sido intervenido por el contador delegado, ni por la Junta Departamental de Paysandú, situaciones que, escribe, no le sorprenden tratándose de esa administración.
El relato se remonta a aquella presentación pública del 6 de setiembre de 2021, cuando la empresa compareció ante la opinión pública junto a autoridades departamentales. En esa instancia, según la solicitada, el Intendente Olivera sostuvo que la comuna entregaría a cambio un padrón inutilizado, el 165, desconociendo que el terreno estaba ocupado por la sanducera Elen Sosa y su familia desde hacía más de 30 años. De un día para otro, continúa el texto, aparecieron funcionarios municipales con camiones y maquinaria, rompieron los candados de la portera de entrada y talaron un monte nativo y otros árboles y plantas sin ningún miramiento. El episodio está hoy en manos de la justicia civil, luego de que la Fiscalía actuante entendiera que no había mérito para investigar un caso de justicia por mano propia, aunque a esa altura ya existía un expediente civil de prescripción sobre el inmueble promovido tiempo atrás por Sosa. En un juicio posterior para recuperar la posesión, agrega el autor, la Intendencia compareció sin mencionar, como era su deber procesal, que había comprometido ese terreno para la empresa, y alegó que había actuado para cumplir con la ley de ordenamiento territorial.
El desenlace fue el opuesto al anunciado: la empresa que venía a invertir en Paysandú terminó en concurso, despidió a todos sus trabajadores y cerró, y el 19 de agosto de 2026 se remataron todos sus bienes. A eso se suma que el dueño de Ramyán, Mauro Javier Almeida Sierra, fue condenado en mayo de este año por el delito de homicidio a 10 años de penitenciaría, porque, de acuerdo con las crónicas periodísticas que cita el autor, atribuía su mala situación económica a que un vecino le había hecho un 'trabajo', y por eso prendió fuego a la vivienda del hombre y luego, tras discutir con él, le dio muerte de la misma manera. El expediente sigue abierto a nuevas preguntas, y si tenés información sobre este caso podés compartirla con la redacción.
El Dr. Federico Álvarez Petraglia, autor de la solicitada, de quien son todas las afirmaciones y valoraciones del texto. También se cita una declaración del Intendente Olivera del 6 de setiembre de 2021, cuando sostuvo que la comuna entregaría a cambio un padrón inutilizado.
Documentos y fuentes
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Mencionados en esta nota: Camino de las Américas, Dinacea, Elen Sosa, Federico Álvarez Petraglia, Intendencia de Paysandú, Junta Departamental de Paysandú, Mauro Javier Almeida Sierra, Olivera, Paysandú, Ramyán, Tribunal de Cuentas