Entró en vigencia el decreto de control de armas y municiones: refuerza la trazabilidad y contempla la impresión 3D

Los ministros del Interior, Carlos Negro, y de Defensa Nacional, Sandra Lazo, anunciaron la entrada en vigencia del decreto que actualiza la regulación sobre la adquisición y el control de armas y municiones en Uruguay, en el marco de la presentación del Plan Nacional de Seguridad Pública. La normativa, firmada este martes por el Presidente de la República y articulada con la cartera de Defensa Nacional, apunta a fortalecer las inspecciones, mejorar la trazabilidad y reforzar los mecanismos de fiscalización. El anuncio se hizo durante la presentación del informe "Acceso, uso e impacto de las armas de fuego en Uruguay. Informe Nacional 2026", una publicación conjunta del Ministerio del Interior, a través del Área de Estadística y Criminología (AECA), y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento analiza la evolución de la violencia armada en el país, las características del arsenal civil y los desafíos para las políticas públicas de prevención y control. La presentación de las principales conclusiones estuvo a cargo de Negro, Lazo, el representante residente del PNUD en Uruguay, Stefano Pettinato, y el gerente del AECA, Diego Sanjurjo.

Según planteó el Ministerio del Interior en el comunicado, la actualización del decreto se enmarca en la Estrategia Nacional de Control de Armas y Municiones, que parte del diagnóstico de que la violencia armada se ha convertido en un desafío estructural para la seguridad pública. Dentro de las prioridades del Plan Nacional de Seguridad Pública, esa estrategia se ordena en cuatro objetivos: endurecer las sanciones para quienes delinquen con armas de fuego, mejorar la trazabilidad, fortalecer los controles y reforzar la fiscalización. El ministro explicó que la nueva normativa busca mejorar la trazabilidad, fortalecer la fiscalización y profundizar la coordinación entre las instituciones responsables de prevenir, investigar y controlar estos fenómenos, y que es resultado del trabajo conjunto con Defensa Nacional. El decreto, además, actualiza los mecanismos de fiscalización y contempla los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, como la fabricación de armas mediante impresión 3D.

El terreno normativo ya se había movido en la misma dirección: la Rendición de Cuentas incorporó modificaciones que aumentan las penas para determinados delitos vinculados a la violencia armada, entre ellos el porte irregular de armas de fuego en espacios públicos y el tráfico interno e internacional de armamento, y se ajustaron las sanciones para otras conductas que favorecen la circulación ilícita y dificultan la trazabilidad. Los números que alimentaron el diagnóstico salen del informe presentado en el mismo acto. Sanjurjo señaló que los delitos asociados a armas de fuego —disparos, tenencia y porte ilegal, y tráfico interno e internacional— aumentaron más de un 300 % entre 2013 y 2025, mientras que los homicidios cometidos con armas de fuego crecieron más de un 60 % entre 2014 y 2024. El documento también analiza las lesiones y la violencia basada en género asociadas al uso de armas de fuego, y se enmarca en el tercer eje del Plan Nacional de Seguridad Pública, dedicado al control de armas de fuego y municiones.

Con el decreto en vigor, la expectativa que planteó el Ministerio del Interior es que mejore el seguimiento de las armas y municiones y que se facilite el intercambio de información entre los organismos competentes. En esa línea, Lazo recordó que el Ministerio de Defensa Nacional tiene a su cargo el Registro Nacional de Armas a través del Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional, y sostuvo que los datos registrados reflejan la importancia de contar con registros confiables y mecanismos eficaces de control. El informe, por su parte, deja un conjunto de recomendaciones que exceden al decreto: sistemas de información interoperables entre los organismos responsables del control de armas y municiones, fortalecimiento de la trazabilidad y la fiscalización, y regulación de la importación, comercialización y adquisición de municiones. También propone incorporar de manera transversal las perspectivas de género, juventudes e interseccionalidad, con especial atención a las poblaciones y los territorios más afectados por la violencia armada.

Negro resumió la lógica de la estrategia: "Las reformas que hemos impulsado en materia de controles, trazabilidad y sanciones reflejan una convicción sencilla: menos armas en manos de quienes ejercen violencia significa más seguridad, más libertad y más tranquilidad para la enorme mayoría de los uruguayos". Lazo, en tanto, valoró el trabajo conjunto entre las instituciones y la incorporación de información aportada por su cartera, y afirmó: "Reafirmamos hoy nuestro compromiso con una gestión rigurosa y responsable del armamento, con el fortalecimiento de los mecanismos de control y con la cooperación interinstitucional, siempre en el marco del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos". Pettinato destacó el acompañamiento del PNUD durante el proceso de investigación y valoró el trabajo con el AECA; señaló que el informe reúne información de gran rigor estadístico y empírico y que, en materia de registros y trazabilidad, la respuesta debe ser integral, por lo que "muchas entidades del país tienen que unir esfuerzos y colaborar, dar su aporte". Sanjurjo, en su disertación, subrayó que el trabajo permitió centralizar información proveniente de distintas instituciones del Estado y generar un diagnóstico común para orientar las medidas de prevención, regulación y fiscalización.