SUNCA y cámaras empresariales acuerdan reducir la jornada a 40 horas en cinco años y destrabar las obras frenadas en Maldonado

El Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA) y las cámaras empresariales del sector alcanzaron un preacuerdo que, según pudo saber Diario Correo de Punta del Este, pone fin al extenso conflicto que mantuvo movilizados a los trabajadores de la construcción en Maldonado y en el resto del país. El entendimiento contempla una reducción progresiva de la jornada laboral, de 44 a 40 horas semanales en un plazo de cinco años, y un convenio colectivo de larga duración que regirá hasta el 31 de marzo de 2031. "Llegamos a algo que es la negociación de la que tanto hablamos, que es llegar a un punto en común, que nos sirva a todos", sostuvo el ingeniero Gustavo Robayna, titular de la Cámara de la Industria de la Construcción del Este (CICE) y uno de los negociadores del acuerdo.

El acuerdo llega tras semanas de tensión que tuvieron su epicentro justamente en Maldonado, donde el freno de obras dejó a cientos de trabajadores sin actividad mientras el sindicato y las cámaras negociaban un nuevo convenio colectivo con la mediación del Ministerio de Trabajo. La resolución del conflicto pasó, según el medio, por dos nudos que habían generado fricciones puntuales: la exclusión de Maldonado y Montevideo del sistema de "democratización" de las obras -que sí se aplicará en Canelones- y la definición de que el examen de próstata solicitado por el sindicato no sea pago por las empresas, sino cubierto por los fondos sociales del sector.

El convenio anterior de la industria de la construcción vencía el 31 de marzo, y desde entonces las negociaciones entre SUNCA y las cámaras patronales se extendieron por meses sin resultado, con paros y movilizaciones que se intensificaron especialmente en balnearios y zonas de obra de Maldonado. El reclamo central del sindicato -reducir la jornada de 44 a 40 horas semanales sin pérdida salarial- había sido calificado como "fundamental" por sus dirigentes, mientras el sector empresarial sostenía una postura más cautelosa sobre los plazos y las formas de aplicar esa reducción. El propio ministro de Trabajo, Juan Castillo, había reconocido semanas atrás que el Poder Ejecutivo decidió involucrarse de forma más activa por el peso del sector en la economía y el empleo.

De confirmarse en los términos conocidos hasta ahora, el preacuerdo despejará, al menos hasta 2031, la incertidumbre sobre uno de los convenios colectivos más sensibles de la actividad económica uruguaya y permitirá levantar las medidas de fuerza que mantenían paralizadas obras en Maldonado y otros departamentos. Según indicó la fuente empresarial consultada por el medio, la obra emblemática que quedó frenada en el departamento recién retomaría actividad el año próximo, y lo haría con una dotación menor a la prevista originalmente: de los 400 obreros planificados, se estima que trabajarán unos 300. En materia salarial, el convenio seguiría la pauta del Poder Ejecutivo -que garantiza no perder salario real-, con un ajuste nominal en torno al 5,2% frente a una inflación proyectada de 4,5%, lo que dejaría un aumento real cercano al 0,6% en el primer año.

Además de la declaración de Gustavo Robayna, titular de la CICE, que valoró haber llegado a "un punto en común" que beneficia a todas las partes, la fuente empresarial consultada por el medio evitó referirse a concesiones puntuales de una parte u otra y remarcó que, tal como sostuvo siempre el sector empresarial, se alcanzó una negociación que beneficia a todos los involucrados, con flexibilidad horaria y una reducción escalonada a lo largo de los cinco años de vigencia del convenio.