El MEF recibió a la Intergremial de Transporte de Carga y encargará un estudio sobre el impacto del convenio 153 de la OIT

Según informa El País, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se reunió con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) para analizar la situación del sector, la reglamentación del convenio 153 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la implementación de la Guía Electrónica de Carga. Del encuentro participaron también el subsecretario de la cartera, Martín Vallcorba, y el asesor Álvaro Lalanne, y sobre la mesa aparecieron la estructura de costos del sector y el precio de los combustibles, punto en el que la gremial planteó su adhesión al proyecto de la Confederación de Cámaras Empresariales para reducir el precio del gasoil. En la misma línea, el Sindicato Único del Transporte y Ramas Afines (Sutcra) informó que se reunirá con Oddone el próximo martes para abordar esos temas. La intergremial pidió además que los aportes del sector se calculen en función de la masa salarial y planteó la búsqueda de soluciones integrales para el transporte de carga; su presidente, Ignacio Asumendi, valoró la disposición del equipo de Economía y Finanzas. El compromiso que quedó del lado del MEF, según el relato de Asumendi a El País, es la realización de un estudio independiente sobre el transporte de carga y los efectos económicos que tendría la aplicación del convenio.

El eje de la discusión es el convenio 153 de la OIT, que aborda la duración del trabajo y los períodos de descanso en el transporte por carretera. La normativa fue ratificada en Uruguay en 1989, aunque nunca entró en vigencia para ser aplicada en el derecho interno. El Sutcra impulsa su aplicación con la intención de que el sector tenga más controles en los horarios de trabajo, mientras que la ITPC no tiene cuantificado el impacto económico que implicaría su implementación, según dijo Asumendi a El País, debido a la incertidumbre que existe en el sector. Esa falta de números es, precisamente, lo que el Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a cubrir con el estudio independiente. El encuentro, además, se da en el marco del diálogo que las gremiales del transporte de carga y el gobierno retomaron después del conflicto de junio, que incluyó movilizaciones y cortes de rutas en distintos puntos del país, y que tiene como otro capítulo abierto la puesta en marcha de la Guía Electrónica de Carga.

La búsqueda de un marco legal con trazabilidad para el sector tampoco es nueva. La Guía de Carga se introdujo en la ley de Presupuesto de 2001 con el objetivo de formalizar el trabajo en el sector, y su control se realizaba de forma manual, en formato papel, con campos obligatorios como los datos del dueño de la carga, el dador de flete, el chofer, los vehículos y las rutas con puntos de origen y destino. Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entonces liderado por Víctor Rossi, impulsó el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac), que preveía conocer el tipo de cargas transportadas y aspectos laborales vinculados al horario de trabajo y a los choferes mediante GPS, pero su implementación quedó sin efecto. En su lugar, durante la administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025) y la cartera a cargo de Luis Alberto Heber y José Luis Falero, fue concebido el Sistema de Gestión de Flotas (Sigeflot) como alternativa al mecanismo anterior, que tampoco llegó a implementarse. Después de varios intentos de distintos gobiernos en los últimos años, El País sitúa en 2024 un nuevo impulso de la administración de Yamandú Orsi para establecer un sistema de control en el transporte de carga, esta vez a través de la Guía Electrónica de Carga, que tiene previsto conocer —mediante la instalación de GPS en los camiones— cómo es la circulación de los vehículos, las cargas que trasladan y qué rutas recorren.

Con la Guía Electrónica de Carga —conocida como el “Gran Hermano” del sector por la cantidad de datos que requiere su registro— el diálogo sigue abierto. Asumendi indicó que la ITPC espera una nueva convocatoria del Ministerio de Transporte (MTOP) para discutir particularidades de la implementación, mientras que el dirigente del Sutcra, Juan Dorado, aseguró que el gobierno está trazando los últimos detalles para que comience a funcionar durante el primer semestre de 2027. En paralelo, el sindicato evalúa negociar flexibilizaciones de la normativa “respetando las horas semanales” y busca elementos que den mayor agilidad a la hora de transmitir el costo del flete: según Dorado, existe una tarifa de referencia pero “no se respeta”, por lo que reclaman precios que contemplen todos los costos. El País consigna que se estima que los costos del sector se reparten en un 40% en combustibles, un 30% en salarios y un 30% en otros gastos como infraestructura o mantenimiento. El medio intentó comunicarse con el director de Transporte, Felipe Martín, que participa de las reuniones por el MTOP, y no obtuvo respuesta; fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social indicaron, en tanto, que los negociadores no brindarán declaraciones.

Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga, dijo a El País que la gremial no tiene cuantificado el impacto económico que implicaría la implementación del convenio 153 debido a la incertidumbre que existe en el sector, y valoró la disposición del equipo de Economía y Finanzas. Por el Sutcra, el dirigente Juan Dorado señaló al mismo medio que el sindicato espera reunirse con Oddone el próximo martes y sostuvo: “Lo que tiene claro Oddone es que la evasión es grande y eso está documentado en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2021”, en referencia al estudio que estimó la evasión tributaria en el sector en U$S 122 millones anuales. Dorado explicó además que la asamblea de trabajadores solicitó un control horario y un límite de jornada de trabajo con períodos mínimos de descanso.