La Junta Departamental de San José llamó a sala a Bentaberri y al alcalde de Ecilda Paullier por las irregularidades en el municipio

Según informa Radio 41 (San José), la Junta Departamental de San José aprobó el viernes, por unanimidad, un llamado a sala para la intendenta Ana Bentaberri y el alcalde de Ecilda Paullier, Ignacio Mesa, para que expliquen las irregularidades que se investigan en ese municipio por maniobras con libretas de conducir y chapas matrícula. La votación fue completa: todos los ediles presentes acompañaron la convocatoria, incluidos los del Partido Nacional. La moción que salió aprobada, en cambio, no establece una fecha para la comparecencia, así que ese punto quedó por definirse.

La convocatoria nació de una propuesta del Frente Amplio, que por sí sola no reunía los 11 votos necesarios para sacarla adelante. El edil Roberto Cabral explicó que buscan que las autoridades den explicaciones y que la Junta asuma su responsabilidad en un asunto que, dijo, ha generado preocupación entre los vecinos de Ecilda Paullier. El respaldo del Partido Nacional fue entonces determinante, y Cabral lo destacó: los nacionalistas no solo dieron quórum para sesionar, sino que también acompañaron la moción. Del lado blanco, el edil Sebastián Ferrero justificó el acompañamiento por una cuestión de transparencia y responsabilidad institucional, y sostuvo que la Intendencia detectó las irregularidades mediante sus propios mecanismos de auditoría y que actuó de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

La investigación que originó el llamado a sala la lleva adelante la propia Intendencia y ya derivó en la separación del cargo de dos funcionarios: una mujer por seis meses y un hombre por un mes, ambos con una retención del 50% de sus salarios. Son los datos que reporta el medio sanjoseño sobre el estado del expediente administrativo, que sigue abierto mientras la Junta avanza en paralelo con su propia convocatoria.

Lo que queda por resolver ahora es cuándo se sientan a declarar la intendenta y el alcalde. Ahí está la diferencia de criterios: mientras el Frente Amplio entiende que las autoridades pueden comparecer durante la investigación administrativa, Ferrero considera que lo correcto sería esperar a que termine, para preservar las garantías de los funcionarios investigados. Cabral, en tanto, señaló que la Junta tiene potestades para intervenir mientras el procedimiento continúa e incluso puede realizar una reunión secreta para preservar la información del caso. Como el texto aprobado no fija fecha, esa definición sigue pendiente y es la que va a marcar los próximos pasos del asunto.

El edil Roberto Cabral, impulsor de la propuesta desde el Frente Amplio, que explicó el objetivo de la convocatoria y destacó el respaldo del Partido Nacional para alcanzar los votos; y el edil Sebastián Ferrero, quien justificó el acompañamiento blanco en términos de transparencia y responsabilidad institucional y planteó que la comparecencia debería esperar al final de la investigación administrativa.