El Poder Ejecutivo fijó metas para la cárcel de Las Rosas: cero homicidios en 2026 y subir el 14,9% de reclusos en actividades

Según informa Diario Correo de Punta del Este, el Poder Ejecutivo aprobó el 8 de octubre el Compromiso de Gestión entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para el año 2026, un instrumento que fija por primera vez metas concretas y medibles para los directores de los 30 establecimientos penitenciarios del país y que ata su cumplimiento al cobro de una compensación económica extraordinaria. Entre las unidades alcanzadas está la N° 13 de Las Rosas, en Maldonado -- el único establecimiento penitenciario del departamento --, que deberá responder por exigencias específicas en materia de seguridad, rehabilitación y gestión de la información. Las metas para esa unidad son cinco, según el detalle que reproduce el medio a partir del decreto. La primera condiciona a todas las demás: el equipo de dirección debe elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2026 antes del 31 de marzo, un primer informe de avance antes del 24 de julio y un informe final de evaluación antes del 20 de diciembre; sin esos tres documentos entregados en plazo, ninguna otra meta puede generar compensación económica. La segunda apunta a cero homicidios dentro del establecimiento, después de que en 2025 se registrara un homicidio en la Unidad N° 13. La tercera busca sostener en cero los suicidios, cifra que la unidad no registró el año pasado. La cuarta exige reducir las hospitalizaciones de personas privadas de libertad por lesiones autoinfligidas o producidas en incidentes violentos: fueron 14 durante 2025, uno de los valores más altos del interior del país, superado en el total nacional solo por la Unidad N° 3 Libertad (41), la N° 12 Rivera (22) y la N° 4B Máxima Seguridad (17). La quinta, y la de mayor peso, es aumentar el porcentaje de reclusos en actividades educativas y laborales: en 2025 solo el 14,9% de la población de la unidad alcanzó el umbral mínimo de 72 horas mensuales, el cuarto porcentaje más bajo de todo el sistema penitenciario, apenas por encima de la N° 25 (1,6%), la N° 4A (11,9%) y la N° 4B (12,8%).

Detrás de esas metas hay un mecanismo de incentivos: el objetivo declarado del compromiso es instalar un nuevo modelo de gestión basado en resultados, en el que el personal directivo sea evaluado por su capacidad y su compromiso con el servicio público. El incumplimiento de los objetivos implica la pérdida total o parcial de la compensación económica asociada, que se paga anualmente y recién después de verificar el desempeño de cada unidad. En el caso de Las Rosas, el esquema combina umbrales de pago con ponderaciones muy desparejas. Cero homicidios y cero suicidios cobran el 100% de la partida, un caso cobra el 50% y más de uno no cobra nada; menos de 14 hospitalizaciones por lesiones cobran el 100%, exactamente 14 cobran el 50% y más de 14 no cobran; y cualquier mejora sobre el 14,9% de participación educativa y laboral cobra el 100%, mantenerse igual cobra el 50% y bajar no cobra. Los tres indicadores de seguridad y lesiones pesan 10% cada uno, mientras que la participación en actividades educativas y laborales concentra el 70% restante del compromiso de la unidad. Homicidios, suicidios y hospitalizaciones solo se evalúan si el equipo directivo realiza al menos un taller anual de sensibilización sobre prevención de la violencia en contexto penitenciario, con temas sugeridos como género y diversidad, prevención de la violencia y gestión de conflictos, el modelo RNR de riesgo-necesidad-responsividad, el enfoque basado en trauma o la gestión de casos.

El esquema se apoya en la Ley N° 18.834 de 2011 y sus modificaciones posteriores, y fue firmado entre el ministerio y la directora del INR. La Comisión de Compromisos de Gestión, integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, validó las propuestas el 7 de mayo de 2026, y el período de vigencia del acuerdo va del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026. Los datos de 2025 que el propio decreto toma como línea de base describen, en el área de rehabilitación, una realidad que el sistema reconoce como insuficiente: menos de 15 de cada 100 reclusos de la unidad participaba de actividades educativas o laborales mínimas, un indicador que ahora queda vinculado económicamente a la gestión de los directores.

Con ese punto de partida, el mecanismo apuesta a que la introducción de incentivos económicos y la medición sistemática de resultados empujen un cambio en la cultura organizacional de los establecimientos, con más profesionalización de las funciones y el desarrollo de tecnologías de la información que protocolicen los procedimientos internos, según la lectura que el medio hace del nuevo instrumento. Los resultados serán publicados en la página web del Ministerio del Interior una vez evaluado el cumplimiento de las metas, es decir, después del cierre del período, el 31 de diciembre de 2026. Para la Unidad N° 13, el peso de la balanza queda concentrado en un solo indicador: si la participación de los reclusos en educación y trabajo cae por debajo del 14,9% registrado en 2025, el equipo de dirección de la cárcel de Maldonado no cobra la compensación; si se mantiene igual, cobra la mitad.