Amplían la denuncia penal por Conexión Ganadera: la Sindicatura calcula un pasivo de U$S 45.336.161 de los Basso Cabral

Según informa Diario Correo de Punta del Este, los abogados María Graciana Abelenda, Leonardo Costa y Santiago Alonso, en representación de las víctimas de Conexión Ganadera, presentaron ante el Fiscal Letrado Penal de Montevideo Especializado en Delitos de Lavado de Activos una ampliación de la denuncia penal que apunta a la familia Basso Cabral y a personas de su entorno. El eje de la presentación es la contradicción entre dos informes contables de conclusiones opuestas. La familia Basso Cabral había incorporado al proceso concursal un informe del contador Jorge Baruj, cuyo objeto era establecer el saldo neto de las transacciones entre las cuentas administradas por Gustavo Basso Pallares y Daniela Cabral Bilhere y la empresa Conexión Ganadera: ese trabajo concluyó que existía un saldo a favor de Rubén Gustavo Basso Pallares de U$S 7.856.617 contra la empresa. La Sindicatura, en cambio, presentó ante el Juzgado Letrado de Concursos un análisis distinto, hecho sobre los registros contables del período 2008-2024, según el cual Gustavo Basso y sus sucesores fueron beneficiarios de fondos de Conexión Ganadera por U$S 92.179.740. Descontados los aportes de la familia —U$S 44.327.058 más 1.807.404 pesos uruguayos en el período 2005-2024—, el pasivo neto a cargo de los Basso Cabral asciende a U$S 45.336.161. Los letrados denunciantes destacan, agrega la nota, que el criterio de imputación de la Sindicatura fue favorable a la familia, porque no se evaluaron casi tres años completos de débitos, por lo que la diferencia real podría ser mayor. La conclusión del síndico, citada en la denuncia, es que "los administradores del grupo Conexión Ganadera trataron los recursos de sus administradas como propios".

La propia denuncia fija su punto de partida en ese contraste. Abelenda dijo a Correo de Punta del Este que "el punto de partida de la denuncia es la contradicción entre dos informes contables que arrojan conclusiones radicalmente opuestas", y sobre esa diferencia los letrados construyen la solicitud de que la Fiscalía investigue posibles hechos vinculados a la Ley Integral de Lavado de Activos. A ese contraste se suma el testimonio de la escribana Mariana Della Ventura Icasuriaga, prestado el 17 de septiembre de 2026 ante el Juzgado Letrado de Concursos, donde fue propuesta como testigo por Daniela Cabral Bilhere: para los denunciantes, sus dichos explican la logística utilizada para procurar perder la trazabilidad del dinero. La notaria reconoció haber actuado como escribana de los negocios concertados por Gustavo Basso desde larga data y haber escriturado bienes a nombre de terceras personas —en particular sus hijas Agustina y Candelaria Basso Cabral— cuyo beneficiario final era siempre el propio Basso. "Siempre yo sabía que el dinero era de Gustavo, que después lo vaya a poner a nombre de un hijo", declaró, y también reconoció haber utilizado facturas de ventas de ganado para justificar el origen de los fondos. Consultada sobre la existencia de préstamos o donaciones previas que explicaran las transferencias a las hijas, la escribana fue categórica: no le constaba la existencia de préstamo ni donación alguna.

Los antecedentes que la denuncia detalla se apoyan, en parte, en lo que la misma profesional había confirmado previamente ante Interpol sobre una serie de operaciones: hipotecas de padrones en Paysandú; la compraventa de un apartamento en Villa Biarritz, en Montevideo, adquirido por Agustina y Candelaria Basso Cabral en octubre de 2021, cuyo boleto de reserva había sido suscripto por el propio Rubén Gustavo Basso Pallares, que presentó boletas de ventas de ganado para justificar el origen de los fondos; la compraventa de padrones rurales en Durazno y Florida adquiridos por Agustina Basso Cabral y Alfredo Rava Goyeche; y la compraventa de padrones en Lavalleja adquiridos por Candelaria Basso Cabral y Jorge Eusebio Cunietti Bacelo el 21 de diciembre de 2024, es decir tres semanas después del fallecimiento de Gustavo Basso. Sobre ese último punto, la denuncia sostiene que Daniela Cabral Bilhere continuó operando cuentas bancarias de Conexión Ganadera y gestionando fondos con posterioridad al 28 de noviembre de 2024, fecha en que sus facultades como mandataria se habían extinguido por el fallecimiento del mandante. La letra de cambio de la compraventa del 21 de diciembre de 2024 fue endosada por la propia Cabral Bilhere, y el 9 de diciembre de 2024 se emitió un recibo para documentar un pago de U$S 12.090 al hermano de Daniela Cabral, Gonzalo Cabral Bilhere, mediante un cheque librado desde una cuenta de Conexión Ganadera que se cobró el 23 de diciembre, cuando la mayoría de los inversores ya no recibía el dinero derivado de sus contratos. Los denunciantes citan además una publicación del diario El País del 2 de enero de 2025, en la que Daniela Cabral, Agustina Basso, Alfredo Rava y demás integrantes aparecen luciendo el uniforme de Gustavo Basso Negocios Rurales en el último remate por pantalla del año 2024.

Con esos elementos, la denuncia pide a la Fiscalía que investigue la posible participación en hechos delictivos vinculados a la Ley Integral de Lavado de Activos de Daniela Cabral Bilhere, Agustina y Candelaria Basso Cabral, Alfredo Rava Goyeche, el presbítero César de Jesús Buitrago López —a quien Conexión Ganadera habría financiado mediante cheque la compra de cuatro unidades en U$S 260.000—, Jorge Eusebio Cunietti Bacelo y la escribana Mariana Della Ventura Icasuriaga, y solicita la adopción de medidas cautelares sobre el patrimonio de todos los mencionados. Para el 14 de octubre está prevista la audiencia de formalización de dos tomadores de ganado, instancia solicitada por Fiscalía de la que los letrados fueron notificados recientemente. En el mismo artículo se informa de un segundo acuerdo transaccional para cerca de 450 damnificados que no ingresaron al primero, de los aproximadamente 4.200 damnificados totales del proceso concursal. El esquema ofrece el 31,75% del valor de los animales a quienes suscribieron contratos de bono pulpa engorde y de la auditoría del Ministerio de Ganadería surgieron animales reales que luego comercializó la Sindicatura, y el 4,75% a quienes no tienen ganado —ya sea porque contrataron bajo la modalidad terneros o porque debían tener animales pero en los hechos carecían de ellos—, porcentajes levemente inferiores a los del primer acuerdo, que establecía 33,3% y 5%. Abelenda destacó que esas cifras son pisos y no techos, que el plazo previsto para los recuperos es de 60 días a partir de la adhesión y que el acuerdo necesita la adhesión de al menos el 85% de los 450 clientes convocados, unos 380 clientes.

Las declaraciones citadas en el material son de la abogada María Graciana Abelenda, quien explicó el punto de partida de la denuncia y los detalles del segundo acuerdo transaccional; de la escribana Mariana Della Ventura Icasuriaga, en su testimonio del 17 de septiembre de 2026 ante el Juzgado Letrado de Concursos; y de Alfredo Rava Goyeche, quien en la publicación de El País del 2 de enero de 2025 declaró: "El balance fue positivo, quedamos muy contentos pues se reafirma que el mentor hizo las cosas bien y dejó un equipo consolidado para seguir adelante con la actividad". La conclusión del síndico llega citada dentro de la denuncia.