Abdala dice que el gobierno actuó con "alevosía" y "abuso de poder" en la rescisión del contrato con Cardama

Según informa El País, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala afirmó que el gobierno actuó "con alevosía, irresponsabilidad" y ejerció "abuso de poder" en el proceso de rescisión del contrato con el astillero español Cardama por la compra de las patrulleras oceánicas. Abdala integró la comisión especial que investigó esa compra y la posterior caída del contrato, y sus definiciones están atribuidas a una entrevista con ese medio. El legislador enlazó esas críticas con la demanda que Cardama presentó contra EuroCommerce y otras intermediarias por la gestión de la garantía de fiel cumplimiento. "Es la confirmación de lo que sostenemos desde el comienzo", dijo, y señaló que en el escrito el astillero denuncia "a personas jurídicas y físicas concretas, con nombre y apellido" y acompaña comprobantes de pago y transferencias bancarias. Para Abdala, esa sola circunstancia confirma que el gobierno debió hacer lo que no hizo: ante las dificultades con la garantía, intimar a su contraparte a resolver el problema. En cambio, sostuvo, "lo obvió olímpicamente" y "actuó con total ferocidad persiguiendo un objetivo político".

Para Abdala, la decisión no respondió a un problema técnico sino a una necesidad política. Sostiene que el Ejecutivo actuó "movido por la impotencia", en una etapa que describe como "de frustración creciente" y que, según su lectura, después se tradujo en la caída de la aprobación popular del gobierno. El diputado situó ese contexto en octubre del año pasado, cuando se discutía la ley de Presupuesto: "No encontró mejor recurso que mirar para atrás y construir el relato de la herencia maldita", afirmó. En esa línea, el legislador consideró que el gobierno "persiguió un efecto político y no midió los costos que esto tiene para el país", y ubicó el origen de todo el proceso en la decisión "desacertada" que, según dijo, se tomó el 22 de octubre de 2025. Consultado sobre si su sector presume que hubo una intención deliberada de hacer caer el contrato, respondió: "No tengo la menor duda".

El caso tiene varios frentes abiertos al mismo tiempo. La comisión especial del Parlamento investigó el proceso de compra de las patrulleras oceánicas y la rescisión posterior, y de allí surgen los elementos que Abdala cita en la entrevista. En Uruguay se presentó además una denuncia penal —el material no precisa quién la presentó— en la que se sostiene que existió una intención deliberada de hacer caer el contrato. La denuncia que Cardama presentó en Vigo fue anexada en abril a la demanda que el astillero ya había llevado ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, según recoge El País. Ese mismo artículo cita una información de Búsqueda según la cual el Tribunal de Vigo "decretó el sobreseimiento provisional y la causa fue archivada" en mayo, porque ya había una investigación en curso en Uruguay. Para Abdala, ese archivo no cambia la materialidad de los hechos, ya que lo atribuye a "razones procesales". Sobre el contrato original, el diputado defendió la elección del astillero: dijo que fue el "camino posible y correcto" de la anterior administración, que Cardama es "una empresa de larga tradición, de reconocido prestigio en España y en el ámbito de las construcciones navales" y que el contrato se estaba ejecutando con normalidad. La garantía, en cambio, era falsa y demoró 11 meses en constituirse, según la descripción que surge de la entrevista.

Abdala sostiene que el desenlace dejó al Ejecutivo en una posición comprometida. "Los resultados que surgen de la comisión especial confirman que el Ejecutivo quedó atrapado, arrinconado e ingresó en un corral de ramas que compromete la posición del país, no del gobierno", afirmó. La rescisión, que según el diputado se formalizó en febrero —el material no precisa el año—, derivó en la demanda del astillero ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional y en la presentación ante la Justicia de Vigo. Sobre ese último punto, el legislador admitió que la forma precisa en que ocurrieron los hechos "se dirimirá donde corresponde, que es en el ámbito de la Justicia". También reconoció que la demanda de Cardama es de parte: "No lo excusa 100% porque es su versión de los hechos", dijo, aunque agregó que "nadie en su sano juicio comparece ante la Justicia de su país y a un arbitraje internacional señalando personas, empresas, agregando documentación, si no tiene una versión verosímil". A su juicio, la presunción actúa en principio a favor del astillero.

La voz central es la de Pablo Abdala, diputado del Partido Nacional e integrante de la comisión especial investigadora, cuyas definiciones —"alevosía", "irresponsabilidad", "abuso de poder", "total ferocidad"— están atribuidas a una entrevista con El País. La posición del astillero Cardama aparece en el texto, pero no a través de declaraciones propias: sus argumentos llegan por el escrito de la demanda y por la denuncia presentada en Vigo, según la descripción que hace el diputado y que recoge el artículo. El material no incluye declaraciones de voceros del gobierno, de EuroCommerce ni de las otras intermediarias mencionadas.