El Ministerio del Interior ya retiró 1.500.000 kilos de motos incautadas y las compacta en cubos de un metro cúbico

Según informa El País, el Ministerio del Interior firmó este año dos convenios para deshacerse de las motos y los autos incautados que quedan varados, sin destino aparente, en sus comisarías y depósitos, con el objetivo de reducir la chatarra acumulada en sus predios y de que esos vehículos no vuelvan a circular. En marzo, la cartera puso la firma en un acuerdo con la empresa Pedernal para que se hiciera cargo de los vehículos catalogados como chatarra —cuando son irrecuperables o no aptos para circular— en Montevideo, Canelones y San José; en febrero había hecho algo similar con la cooperativa de trabajo Burgues, en una escala menor pero con un enfoque más social. Por ahora, los dos convenios trabajan solo con los birrodados. Las cifras que maneja el ministerio, siempre según el artículo, son de 3.100.000 kilos de motos en todo el país, de los cuales Pedernal asegura haber retirado 1.500.000 kilos desde marzo. La cooperativa Burgues, en tanto, viene ampliando su capacidad: en una primera etapa desarmaba 30 motos por semana y ya alcanzó las 83, con la meta de llegar a las 100. En un comunicado propio, el Ministerio del Interior precisó que en los depósitos de Montevideo hay 4.686 motos incautadas hace más de dos años, muchas de ellas producto de hurto o sin propietario acreditado, según indicó el subjefe de Policía de Montevideo, comisario mayor Carlos Rodríguez.

Detrás de los convenios hay un problema de espacio y un factor medioambiental. El Ministerio del Interior buscó una salida a la acumulación de vehículos incautados con una condición: que no implicara un costo económico, logístico ni de recursos humanos para la cartera de seguridad, dijo a El País el encargado del área de gestión vehicular, Pablo Vichi. A eso sumó otra exigencia: garantizar que el destino final fuera la destrucción total del vehículo, de modo que las motos no se vendan por partes, como repuestos, ni se acondicionen para volver a transitar por la calle. Vichi explicó que existió un llamado a licitación, pero que las ofertas recibidas no los convencieron porque implicaban un costo para el ministerio; la propuesta de Pedernal, en cambio, sí les gustó, y por eso se avanzó con el acuerdo. En su propio comunicado, la cartera agregó otro argumento: experiencias anteriores demostraron que la venta o el remate masivo de motos incautadas facilitaba su reingreso al mercado ilegal de motopartes, por lo que se resolvió priorizar el desarme y la fundición de sus componentes.

La acumulación de vehículos incautados es un problema que la cartera arrastra desde hace años. En marzo, el ministro del Interior, Carlos Negro, lo llevó al Congreso de Intendentes: “Es impresionante la cantidad de motos acumuladas en las dependencias policiales y a ustedes les pasa lo mismo”, dijo entonces a los intendentes, y advirtió que se trata “hasta de un problema medioambiental”. Según planteó, no había “una solución clara, cómoda y económica” para reciclar los materiales de esos vehículos, porque son de tan escaso valor en el mercado que se abandonan con facilidad y sus dueños salen a comprar otra moto, nueva o usada. En ese plenario pidió buscar una salida “agudizando la imaginación”, dado que “todo lleva dinero”. Del otro lado del proceso está la cooperativa de trabajo Burgues, que nació en 2020 y tiene como antecedente el programa Uruguay Clasifica del Ministerio de Desarrollo Social. Hoy es dueña de la empresa Forja del Sur SAS, tiene 30 socios y tres empleados, y se dedica a la clasificación y el reciclaje de materiales como cartón, papel, nylon, pet, aluminio y chatarra: los enfarda y los vende a empresas formalizadas del rubro.

Con el mecanismo ya funcionando en Montevideo, Canelones y San José a través de Pedernal, la idea del Ministerio del Interior es hacer llamados a licitación para implementarlo en otras partes del país. El convenio con la cooperativa Burgues se firmó en febrero por un año y se va a renovar, adelantó su socio y coordinador operativo, Juan Iervolino. En el detalle del proceso, Pedernal retira las motos de los distintos lugares, las lleva a su depósito en el barrio Paso de la Arena y las desguaza: separa chatarra ferrosa y no ferrosa, extrae los líquidos como aceite y combustible y aparta cubiertas, plásticos y batería. Parte de la chatarra no ferrosa y los plásticos se exportan, los líquidos los comercializa un gestor —por ejemplo, para combustible de hornos— y los cables quedan en plaza. Los cuadros de las motos se rompen y se compactan en cubos de un metro cúbico, lo que según el gerente comercial de Pedernal, Matías Silva, facilita su ingreso a la siderúrgica Gerdau Laisa, donde se transforman en varillas para la construcción u otro tipo de fierro. La cooperativa, mientras tanto, apunta a objetivos propios: comprar maquinaria para aglomerar el material —hoy se centran en enfardar, un modelo que consideran “perimido”—, resolver problemas de vivienda de sus integrantes, montar un “centro familiar”, implementar un acompañamiento escolar y liceal para los hijos de los clasificadores, incorporar herramientas para la salud mental, abrir un “almacén popular” con precios populares y enseñar educación financiera.

Las voces que aparecen en el material son varias. El ministro del Interior, Carlos Negro, fue quien puso el tema sobre la mesa del Congreso de Intendentes en marzo y describió el problema como “impresionante” y “hasta medioambiental”. El encargado del área de gestión vehicular del ministerio, Pablo Vichi, explicó a El País las condiciones que se puso la cartera para tercerizar el trabajo —sin costo y con destrucción total del vehículo— y cómo se descartó la licitación ante ofertas que implicaban gastos. El gerente comercial de Pedernal, Matías Silva, contó qué encuentra en las recorridas por seccionales y depósitos: “A veces te preguntás por qué ese auto de alta gama está en medio de un campo en Canelones. También ves autos que son tan buenos que parecen nuevos, pero, en realidad, están hace años”, comentó. Además, dijo que al trabajar con la chatarra ven árboles que crecen entre los cuadros de las motos o dentro de los autos, e incluso panales de abejas. El socio de la cooperativa Burgues y coordinador operativo, Juan Iervolino, explicó que el convenio surgió de la idea de expandir sus unidades de negocios y que el desafío es “hacer una cooperativa sustentable con inclusión social”. “Queremos dar oportunidades a personas que están fuera del mercado laboral. Trabajan personas que son muy jóvenes o que estuvieron privadas de libertad o en situación de calle o clasificadores que están en la informalidad”, señaló. Del lado oficial, el subjefe de Policía de Montevideo, comisario mayor Carlos Rodríguez, detalló la situación de los depósitos de la capital.