El gobierno comprará una sola OPV nueva y complementará la vigilancia marítima con patrulleras usadas y tecnología

Según informa El Observador, el gobierno decidió comprar una sola patrullera oceánica (OPV) construida desde cero y complementar la vigilancia marítima con la incorporación de tecnología y otros patrulleros usados. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, dijo a ese medio que la apuesta del Poder Ejecutivo es consolidar un "sistema" para el patrullaje marítimo y "no pensar en clave de solo una OPV". La jerarca detalló que tras la rescisión del contrato con Cardama el Ministerio recibió numerosas ofertas para la construcción de los buques, pero que por razones de monto es casi imposible proyectar la compra de más de una embarcación de este tipo. La elección se resolverá antes de fin de año entre tres opciones que llegaron al Ministerio de Defensa a partir de las distintas embajadas: Hyundai Heavy Industries (Corea del Sur), Cotecmar (Colombia) y Naval Group (Francia), las tres consideradas interesantes por el Poder Ejecutivo. Lazo ya visitó las instalaciones de las dos primeras en el continente: la semana pasada estuvo a bordo del tipo de OPV ofrecida por la colombiana Cotecmar y en julio había estado en el astillero SIMA en Perú, la representación de Hyundai en la región.

El costo está en el centro de esa definición. Se estima que una sola OPV nueva saldría en el entorno de los U$S 100 millones, mientras que el costo total de los dos buques que el gobierno de Luis Lacalle Pou había encargado al astillero gallego Cardama era de unos U$S 92 millones, una comparación que las autoridades suelen enfatizar para poner en duda la viabilidad de aquel contrato. Por razones de monto, según Lazo, es casi imposible proyectar más de una embarcación de este tipo. Otro factor sobre la mesa es el financiamiento y la fecha de entrega tentativa: los astilleros ofrecen tiempos de construcción que varían entre 24 y 36 meses, y también está en juego a partir de qué plazo tienen disponibilidad para empezar las obras. El presidente Yamandú Orsi ya adelantó que el modelo de financiamiento a largo plazo será decisivo y que la compra será "de Estado a Estado".

La compra de las OPV llega después de la rescisión del contrato que la administración anterior había firmado con Cardama, un episodio que derivó en una comisión parlamentaria investigadora. Cuando compareció ante esa comisión el pasado abril, el excomandante de la Armada Jorge Wilson justificó la elección del astillero gallego por el bajo precio ofrecido, con una comparación: era como "un niño frente a una juguetería que pedía un juguete más y le decían que sí". "La respuesta de Cardama a eso fue que los lobbies de las OPV están todos manejando un precio muy similar por los márgenes de ganancia y 'yo estoy por fuera de ese lobby, y la única opción que tengo es ir bajando el margen de ganancia a los efectos de poder ingresar'", explicó entonces el almirante.

Con la decisión encaminada, el gobierno proyecta concretar la compra mediante compra directa por excepción, sin llamado abierto. La elección del astillero está prevista antes de fin de año. En paralelo, el Ministerio de Defensa tiene la voluntad de incorporar otros dos patrulleros de la clase River que pertenecen a la Marina Real inglesa. La ministra Lazo dijo a El Observador que están en los estudios respecto a eventuales condiciones de traslados, equipamiento necesario y si las embarcaciones llegarían "en calidad de donación" por parte del Reino Unido. Los buques fueron puestos en servicio en 2003 —tienen 23 años de antigüedad— y la Marina Real pretende darles de baja en 2028, como parte del compromiso de los países de la OTAN de incrementar su inversión en equipamientos de defensa. La propuesta original consistía en tres embarcaciones que hasta hoy continúan desplegadas en el Atlántico Norte para vigilar la presencia de submarinos rusos: el HMS Tyne, el HMS Mersey y el HMS Severn. Si bien tienen medidas similares a otras patrullas oceánicas —eslora de casi 80 metros y 1.700 toneladas de desplazamiento—, el gobierno considera que "no son OPV" sino buques que serían destinados a la vigilancia de la zona económica exclusiva del país. La nueva OPV a encargar a un astillero, en tanto, sería para el patrullaje más allá de las 200 millas náuticas, mar abierto hacia las llamadas aguas azules. Una de las claves es que las River inglesas no cuentan con hangar para embarcar helicóptero, lo que había sido un requisito excluyente de la Armada Nacional durante la anterior administración para la compra de patrullas oceánicas. Aunque el gobierno no ha oficializado la decisión, en la Armada hay reparos hacia la incorporación de estas patrullas por considerarlas inadecuadas para las necesidades de la flota. La ministra Lazo firmó la semana pasada un memorando de entendimiento con el Ministerio de Defensa colombiano para "profundizar la cooperación" y "dar un marco más estable e institucional a la relación bilateral". El gobierno uruguayo tiene interés en una "cooperación más a largo plazo" aprovechando las capacidades del astillero Cotecmar en Cartagena de Indias, en pos de una "recuperación de capacidades" de construcción naval en Uruguay, tales como posibles construcciones menores a futuro. Lazo sostuvo que tanto SIMA en Perú como Cotecmar son "ciudades enormes" que interesan al ministerio en su trabajo por revitalizar el Dique Nacional, y proyectó la realización de un seminario sobre "la posibilidad de reactivar a la industria naval" con una convocatoria al PIT-CNT, a las Fuerzas Armadas y al propio astillero. Las conversaciones incluyeron también avances para establecer sendas agregadurías de defensa en Uruguay y en Colombia tras la asunción de las nuevas autoridades del gobierno de Abelardo de la Espriella, según el relato del medio.

A las definiciones de Lazo se sumaron otras voces. El presidente Yamandú Orsi ya había señalado el 19 de marzo, en una conversación con periodistas, que el financiamiento será determinante: "Ojo que tan importante como el costo es cómo lo pagás", dijo, y apuntó que con Cardama "estabas pagando al taca taca, por adelantado". El excomandante de la Armada Jorge Wilson defendió en abril ante la comisión parlamentaria que investigó la compra el precio ofrecido por el astillero gallego, y el diputado blanco Gabriel Gianoli, del sector político del exministro Javier García, cuestionó las gestiones: "Un nuevo capítulo del turismo de astilleros", criticó ante la visita de Lazo a Cartagena de Indias, y agregó que "sin llamados, sin licitaciones, sin información a la oposición" el gobierno "continúa sin soluciones para la Armada en su misión de custodia y seguridad de nuestro mar".