Expertos de seis países debatieron en José Ignacio los desafíos regulatorios de alimentos, medicamentos y cannabis

Según informa Diario Correo de Punta del Este, especialistas de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Bolivia participaron del Regulatory Affairs Latam Symposium (RALS) 2026, realizado en José Ignacio, en Maldonado, donde analizaron los principales desafíos regulatorios que enfrentan las industrias de alimentos, medicamentos, cosmética y cannabis. El encuentro, organizado por el estudio Cervieri Monsuárez, reunió a expertos y representantes de la región para abordar novedades regulatorias, accesibilidad, trazabilidad, tecnología e investigación. Entre los participantes que menciona la cobertura estuvieron Denisse Goncálvez, encargada del Laboratorio de Bromatología de la Intendencia de Maldonado; Daniel Rey, gerente de Certificación y Metrología del LATU; Mauricio Cuello, integrante de la cátedra de oncología del Hospital de Clínicas; Edelma Ros, del Programa de Acceso al Cannabis Medicinal y Terapéutico del MSP; y Sebastián Eirea, director técnico del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA).

El eje del debate fue un problema concreto que, según la crónica del medio, atraviesa a toda la región: la falta de criterios comunes entre los países de América Latina, señalada como uno de los principales obstáculos para las empresas que buscan comercializar sus productos en distintos mercados. Viviana Cervieri, socia de Cervieri Monsuárez y directora del área de Life Sciences y Asuntos Regulatorios, lo planteó en estos términos: “uno de los principales desafíos regulatorios que hay en la región es la falta de armonización de criterios y de requisitos entre países”. Aunque los países trabajan con industrias similares, las diferencias de requisitos impiden que una misma documentación técnica sirva para varios mercados: “un mismo dossier, con la información técnica de un producto, puede presentarse de la misma manera en otro país y, sin embargo, se siguen solicitando documentos adicionales”, dijo, lo que se traduce en costos adicionales y mayores tiempos de revisión. La cobertura no detalla por qué se convocó el simposio; sí recoge otro problema que la especialista señaló, la duplicación de trámites dentro de los propios países cuando distintas autoridades intervienen sobre un mismo proceso, y su planteo de que la tecnología y la inteligencia artificial pueden contribuir a simplificar y agilizar los procedimientos.

Ese diagnóstico convive con cambios regulatorios que ya están en marcha. En Uruguay, la fuente menciona la discusión de la ley de competitividad, orientada a que los distintos actores que participan en los registros de alimentos y medicamentos puedan utilizar la misma información y evitar la duplicación de trámites entre organismos. También menciona los avances del Registro Único Nacional de Alimentos, Vehículos y Empresas de Alimentos (Runaev), un sistema nacional que comenzó a implementarse en 2024: uno de los avances señalados es la utilización de un formulario único para los productos que presentan las empresas, evaluados bajo los mismos criterios independientemente de la intendencia, de modo que un producto pueda comercializarse en todo el territorio nacional bajo las mismas condiciones. A nivel regional, según la misma nota, se trabaja en la posibilidad de armonizar criterios dentro del Mercosur, en particular en etiquetado frontal y normativa sobre alérgenos, para que los productos puedan usar un mismo packaging en los distintos países y los consumidores encuentren información presentada bajo criterios comunes. En cannabis, el antecedente que la cobertura destaca es un ensayo del Hospital de Clínicas, iniciado en marzo de 2026 y con 30 pacientes ya reclutados, que busca evaluar el impacto de combinaciones de THC y CBD en pacientes con dolor osteoarticular, con el objetivo de disminuir el consumo de opiáceos.

De esas discusiones salen líneas de trabajo con efecto posible sobre la industria y sobre la gestión de salud. La trazabilidad de los medicamentos, uno de los temas abordados, permitiría vincular la historia del medicamento con el paciente que lo recibe y mejorar la gestión de los stocks, de modo de identificar productos disponibles en una institución o un departamento que puedan utilizarse en otro lugar antes de su vencimiento; también podría aportar al combate contra la comercialización de productos falsificados o de contrabando, al permitir seguir el recorrido de un medicamento e identificar en qué punto de la cadena pudo producirse una irregularidad. En el plano regional, la armonización buscada dentro del Mercosur apunta a que un mismo packaging sirva en varios países. En cannabis, la cobertura recoge que el objetivo es sumar medidas como las que publicó el IRCCA este año para promover nuevos proyectos, entre ellas la exoneración del pago de licencias de investigación en cannabis y la creación de un fondo con participación de distintos organismos públicos para financiar proyectos.

Quien habló con mayor detalle en la cobertura fue Viviana Cervieri, socia de Cervieri Monsuárez y directora del área de Life Sciences y Asuntos Regulatorios. Sobre la trazabilidad sostuvo: “Esto permitiría mejorar el manejo del stock. Se podría hacer una trazabilidad perfecta para saber hasta dónde llegó y de qué origen o de dónde proviene ese producto, y hacer un uso más efectivo de cada uno de estos productos”. Respecto del ensayo de cannabis del Hospital de Clínicas, afirmó que “por el momento, se puede decir que han tenido buenos resultados y los pacientes siguen participando del ensayo y siguen accediendo a esos medicamentos”, y consideró que uno de los aspectos más importantes del estudio es que permitió articular el trabajo entre los sectores público y privado y abrió la puerta para que se desarrollen otras investigaciones en el país. “Uruguay cuenta con un marco regulatorio y una estructura que permiten llevar adelante investigaciones”, dijo. La nota también consigna la participación, en el módulo específico sobre cannabis, de representantes del Hospital de Clínicas, la UdelaR, el IRCCA, el Ministerio de Salud Pública, especialistas de Brasil y representantes de la industria uruguaya.