Imputan a una escribana por la venta de terrenos con poderes falsificados en Punta Negra

Según informa RBC (Piriápolis), la Justicia imputó a una escribana por la venta de terrenos con documentación falsificada en Punta Negra, en Maldonado. La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera dispuso su formalización por asociación para delinquir, falsificación ideológica por un funcionario público y estafa, en calidad de coautora. La medida se tomó a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Sandra Fleitas. El caso ya había sido detallado por el Ministerio del Interior en un comunicado oficial, que confirmó la formalización de una escribana en la causa y cifró en más de USD 250.000 el perjuicio de la maniobra investigada.

La investigación apunta a una organización que usaba un poder falsificado para comprar y vender terrenos a nombre de otras personas. Ese documento llevaba la firma y el sello de un escribano fallecido, que no emitía poderes desde la década de 1980. Con ese instrumento, los involucrados habrían actuado en nombre de propietarios argentinos fallecidos o que no concurrían habitualmente al país, y se habrían vendido los terrenos entre ellos sin pagar el precio real o abonando apenas una suma mínima. Después los predios se vendían a terceros compradores de buena fe, con ganancias de miles de dólares, a través de una inmobiliaria de Piriápolis cuyo propietario ya fue imputado. Para la Fiscalía, el aporte de la escribana permitía dar apariencia de legalidad a esas operaciones: su intervención proporcionaba la documentación necesaria para incorporar los inmuebles al tráfico jurídico y luego venderlos.

El expediente ya tiene varios nombres adentro. El Ministerio del Interior informó que la maniobra quedó al descubierto por el análisis de los protocolos incautados a una escribana formalizada en la causa y por la información aportada por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. De ese análisis surgió que los importes consignados en las compraventas no tenían correspondencia con movimientos financieros compatibles con las operaciones documentadas. Según RBC (Piriápolis), que a su vez cita a El País, por este caso ya fueron imputados el hombre señalado como encargado de falsificar el poder, el propietario de la inmobiliaria y un empleado de esta. Además, mediante acuerdos abreviados fueron condenados la esposa del empresario, la expareja del empleado y el hermano de este.

Por ahora la escribana queda sujeta a medidas cautelares: durante 180 días deberá fijar domicilio, presentarse una vez por semana en una seccional policial, no salir del territorio nacional, entregar sus documentos de viaje y mantener prohibición de comunicación con otros involucrados en la causa. La defensa anunció que apelará la resolución y que planteará que el caso llegue a juicio oral.

El abogado defensor Juan Raúl Williman rechazó el planteo fiscal y sostuvo que la escribana actuó de buena fe. Según explicó, se le están atribuyendo obligaciones de control que no corresponden a la función notarial: el escribano verifica que el poder tenga facultades suficientes, que la persona se identifique como mandante y que la información registral confirme la vigencia del documento. También cuestionó que se pretenda exigir a los escribanos una trazabilidad de los pagos hechos con cheques, porque —dijo— eso los convertiría prácticamente en investigadores privados. Añadió que las pericias sobre distintos teléfonos celulares no contienen evidencias contundentes de una connivencia entre la escribana y quien habría falsificado el poder. Del otro lado, la Fiscalía sostuvo que el conocimiento del origen irregular del poder puede inferirse de la reiterada intervención de la profesional en contratos sustentados en el mismo documento, lo que configuraría un patrón y no un hecho aislado, y cuestionó que no se hubieran advertido anomalías documentales ni la situación profesional del escribano fallecido. La jueza Diovanet Olivera consideró que la Fiscalía presentó elementos objetivos suficientes para iniciar la investigación y señaló que la escribana debió controlar las anomalías presentes en los signos notariales del documento.